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19 de julio de 2024
Actualidad

Distriluz reconoce que distribuidoras eléctricas estatales enfrentan limitaciones

Los reclamos de consumidores eléctricos ante las distribuidoras de ese servicio a nivel nacional superaron el millón de denuncias el 2022, un 4.8% más que el 2021, en su mayor parte por cortes en el suministro y su mala calidad.

Esa información está basada en reportes del Osinergmin según los cuales la mayor cantidad de interrupciones, en duración y frecuencia, ocurrían en el ámbito de distribuidoras estatales.

Frente a esa situación, el viceministro de Electricidad, Jaime Luyo, en entrevista con Gestión, reconoció que esos tipos de empresas enfrentaban problemas técnicos, pero también administrativos.

En esa ocasión, dicha autoridad del Ministerio de Energía y Minas (Minem) indicó que se requería un nuevo diseño de gestión de empresas (distribuidoras) bajo el ámbito del Fonafe, pues el reclamo de sus funcionarios era que ese holding estatal no les permitía invertir.

Restricciones administrativas

Arturo Vásquez, presidente del Grupo Distriluz (que agrupa a cuatro de las 11 distribuidoras que abarca Fonafe), refirió a Gestión que, en principio, no se puede decir de manera general que esas empresas son ineficientes, sino que operan en un contexto de restricciones administrativas y burocráticas.

Refirió que tales restricciones se han impuesto desde hace muchos años, como la Ley de Contrataciones del Estado, las normas de Contraloría, la regulación del sistema de inversión pública, y que no se aplican a empresas privadas.

“Manejamos estándares de gestión amparados por normas de buen gobierno corporativo del Fonafe, y diversos sistemas: de Contraloría, de Contrataciones del Estado, de control e inversiones de Invierte.pe del MEF, bajo un esquema de gestión eficiente”, anotó.

Buscan excedentes para realizar inversiones

Dentro de todos esos sistemas de control, refirió que las distribuidoras eléctricas estatales buscan obtener recursos excedentarios para poder lograr inversiones que se traduzcan en mejoras en la calidad a las personas.

Sin embargo, reconoció que “los problemas que se pueden mencionar (por parte del Minem) se dan en un marco donde existen restricciones administrativas”, y que se ha conversado del tema con el Minem, el MEF, el Fonafe, para ver cómo mejorar (su operación).

En este punto, explicó que un aspecto que genera algunas limitaciones a las empresas del Fonafe, que es la regulación que hay sobre el endeudamiento público. Solo acceden a créditos a un año

Refirió que hay reglas que vienen de más de 15 años, donde las empresas públicas solamente están autorizadas a obtener créditos de corto plazo en el periodo presupuestal; es decir que solo obtienen créditos a un año.

Frente a ello, indicó que han planteado a las autoridades, que, en el caso de las distribuidoras, necesitan tener algún mecanismo, dentro del marco de endeudamiento público, para tener financiamiento de largo plazo.

Esto, afirmó, debido a que las obras eléctricas demoran mucho tiempo en recuperar su retorno (de la inversión).

Recuperación de la inversión hasta en 15 años

Explicó que una obra, desde que se idea (hasta que se traduce en proyecto) puede demorar cinco años antes que (la distribuidora) la pueda comisionar y recién se podrá pagar su inversión al cabo de entre cinco a diez años.

“Hablamos de periodos de recuperación, entre la fase de diseños, permisología, aprobación y puesta en desarrollo hasta recuperación de la inversión, de no menos de 10 hasta 15 años. Eso es uno de los temas que limitan el crecimiento de las empresas, porque se fijan (normas) de endeudamiento que aplicarían para un municipio, pero no a una empresa”, afirmó.

En todo caso, remarcó que habría que revisar caso por caso cada una de esas empresas, pues en principio, no se podría decir que sean ineficientes, en vista que generan recursos al Tesoro, porque tienen ingresos que superan sus costos, es decir son solventes, sino estarían en quiebra.

Fuente: GESTIÓN.

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