El Congreso de la República aprobó la Ley N.° 679 para impulsar la masificación del gas natural, pero con modificaciones que dejarían sin este servicio a un millón de peruanos. El último lunes, el Ejecutivo presentó observaciones a ley en las que señaló que se “resta la eficacia y atenta contra la finalidad” de la propuesta.
“La autógrafa de ley aprobada por el Congreso de la República contiene modificaciones respecto a la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo, con el proyecto de la ley N.° 679/2021(PL 679) y el dictamen en mayoría aprobado por la Comisión de Energía y Minas, que a nuestro parecer restan la eficacia y atentan contra la finalidad de masificar el gas natural en nuestro territorio y población”, señala el documento.
Las observaciones recaen sobre los artículos 1 y 2 de la autógrafa, en los que se señala que “la presente ley no alcanza a las empresas concesionarias privadas que tienen contrato vigente con el Estado”.
El Ejecutivo precisa que este esa exclusión impide cumplir con los objetivos de la iniciativa, ya que excluye mecanismos de promoción a un proporción significativa de la población en diferentes regiones del país, que la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) ha calculado que serían más un millón de personas.
En ese sentido, se restringiría el financiamiento de los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y del Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) para la ejecución de los proyectos para masificación del gas natural en regiones como Áncash, Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao e Ica, en las cuales se cuenta con un concesionario.
Se agrega que la aprobación de la propuesta tal como está planteado ahora hace inviable cumplir con su propio objetivo, pues desvirtua la naturaleza de la misma e imposibilita la implementación descentralizada a nivel nacional de medidas en beneficio de todos los consumidores.
Cabe recordar que, esta propuesta la presentó el Ejecutivo en noviembre del 2021 con el fin de reducir los precios finales de gas natural para los usuarios residenciales de las regiones del interior el país y mejorar la competitividad en los sectores comerciales, GNV e industrias.
“Se exhorta eliminar los últimos párrafos de los artículos 1 y 2 de la autógrafa de ley, así como menciones específicas similares en artículos, tales como el 10, a fin de que la propuesta pueda cumplir con su objetivo,” precisa el documento.
Finalmente, es importante señalar que, el oficio remitido por el Ejecutivo también presenta observaciones a los artículos 7, 8, 14 y a la tercera disposición complementaria. El documento lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
Fuente: LA REPÚBLICA.
