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25 de mayo de 2024
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Inseguridad ciudadana: ¿Cómo se están distribuyendo los recursos del Estado para combatirla?

Se observa con notoriedad cómo la inseguridad ciudadana impacta en el día a día de las personas, pues solo en este primer semestre el 26.9% de la población mayor a los 15 años manifestó haber sido víctima de algún hecho delictivo en los últimos 12 meses. Esta cifra ha registrado un aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

“Recordemos que, tal y como ha mencionado la Defensoría del Pueblo, la inseguridad ciudadana compromete los derechos de primer orden. Entre ellos, la vida, integridad y la libertad de las personas. A nivel nacional, el problema es extendido y en el primer semestre de este año, Puno registró el mayor número de víctimas de algún hecho delictivo en el área urbana”, manifestó Gustavo Meza, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Frente al incremento observado de inseguridad ciudadana, ¿cómo se están distribuyendo los recursos del Estado para combatir esta problemática?

La categoría presupuestal que reúne este financiamiento es Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. Al 2023, la región con mayor presupuesto para enfrentar esta problemática es Lima (incluye Lima Metropolitana y provincias, excepto Callao) con 2.220 millones de soles. Le siguen Arequipa (347 millones), Cusco (323 millones), Piura (263 millones) y La Libertad (228 millones). Sin embargo, si se visualiza la distribución de los recursos para seguridad ciudadana que tienen las regiones por habitante, Moquegua es el departamento con la cifra más alta con 238 soles por cada uno. Por detrás continúan Cusco (237 soles), Arequipa (225 soles), Tacna (208 soles) y Lima (201 soles).

No obstante, la inversión no parece tener correlato con el éxito en combatir la inseguridad ciudadana. Salvo el caso de Moquegua, que recibe alto presupuesto y es la región que tiene menor porcentaje de víctimas de algún hecho delictivo (11.2%), se registran regiones como Tacna y Lima Metropolitana que presentan una alta tasa de victimización pese a concentrar una alta cantidad de recursos por habitante.

Hacia el 2024, el Poder Ejecutivo ha presentado un presupuesto de 5,128 millones de soles para la Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, siendo una baja de casi 8% con respecto al presupuesto 2023 con el que se cuenta hasta la fecha (5,570 millones de soles). Con dicho monto se busca atender acciones de la seguridad nacional y local relacionadas al patrullaje, dotación y operación de vehículos policiales, entre otras.

Ante ese panorama, y a decir del especialista de REDES, es importante que este problema pueda enfrentarse no solo por el impacto negativo sobre la calidad de vida, sino también porque se ve afectada la economía del país y eso genera un golpe adicional al bienestar de los peruanos.

“Todos podemos sentir las consecuencias negativas que genera la inseguridad ciudadana; sin embargo, es relevante observar el impacto sobre las empresas pues repercute en la toma de decisiones de inversión. Muchas personas pueden decidir no invertir en un negocio por miedo a que les roben, asalten o extorsionen. Esta situación afecta nuestro crecimiento económico en el largo plazo”, expresó Meza

Las empresas y la problemática

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2018 que realizó el INEI reveló que 28 de cada 100 empresas en el Perú habían sido víctimas de un hecho delictivo en los últimos 12 meses. Los delitos más comunes fueron el robo, intento de robo y estafa. Así también, las consecuencias identificadas para los negocios fueron la pérdida de dinero en efectivo, de productos y de activos como maquinarias y equipos.

Gustavo Meza especificó que el 70,3% de empresas encuestadas tuvo que tomar medidas de seguridad a fin de garantizar su protección contra la delincuencia. Para tal fin, subrayó que se utilizaron sistemas de videos y captura de imágenes, mejora de infraestructura física –como implementación de alambrado y muros– y contratación de personal de seguridad.

“En este sentido se genera un sobrecosto que tienen que asumir las empresas y se limitan sus ganancias. Asimismo, de enfrentar estos hechos, los negocios deben tomar un tiempo para poder recuperarse. La afectación también puede trasladarse a quienes allí trabajan”, enfatizó el especialista de REDES.

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