19 de abril de 2024
Minería

MINEM ocupa primeros lugares entre las entidades mejor preparadas para prevenir la corrupción

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) figura entre las tres instituciones públicas con mejores resultados alcanzados en el Índice de capacidad preventiva frente a la corrupción (ICP), mecanismo que evaluó a 146 entidades a nivel nacional para definir cuáles están mejor preparadas para prevenir la corrupción y prácticas cuestionables en la administración estatal.

De acuerdo con el Reporte Nacional de Integridad, los resultados consolidados en la Etapa 1 del ICP a nivel del Poder Ejecutivo y entes adscritos ubican al sector Energía y Minas en el segundo lugar de las evaluaciones, siendo uno de los tres sectores del gobierno con valoración «Destacable» en ese ranking, con una calificación de 87%.

En tanto que, en la Etapa 2, culminada en julio del presente año, el sector Energía y Minas tiene el primer lugar con una calificación del 68%, siendo una de las tres carteras del Ejecutivo con mejores resultados en materia de acciones preventivas contra la corrupción.

En lo concerniente al Ranking de Ministerios del Poder Ejecutivo, el MINEM registra un ICP del 98%, ocupando la tercera ubicación, registrando un alto avance y quedando dentro del listado de entidades públicas que serán felicitadas públicamente por este logro

Este estudio fue elaborado por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que se encargó de evaluar a 146 entidades públicas, un número mayor a 2021 cuando se revisaron los indicadores en 137 instituciones del Estado.

Cabe señalar que, dentro de la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción, el gobierno busca asegurar el cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y la implementación del Modelo de Integridad para las entidades del sector público.

Asimismo, asegurar la buena marcha de las entidades del Poder Ejecutivo, a través de la mitigación de riesgos que afectan la integridad pública y que dan paso a la ocurrencia de posibles actos de corrupción, así como de faltas administrativas y prácticas cuestionables.

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