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18 de mayo de 2024
Minería

Mineras invertirán solo US$3,500 millones este año y será para mantener su nivel de producción

Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE, hace un análisis del sector minero y lo que se espera para el 2023. Sepa los detalles.

El Gobierno está optimista sobre la inversión minera para este año. Sin embargo, Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) es más ‘realista’, pues prevé que la inversión se concentre en mantener el nivel de producción y no en nuevos proyectos. En entrevista a Gestión, Gobitz además descarta que haya mayor avance en destrabe de proyectos, pese a que el Poder Ejecutivo anuncia lo contrario.

El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, prevé que este año las inversiones mineras alcancen los US$5,600 millones, ¿Cuál es la expectativa de la SNMPE?

En los cuatro primeros meses de este año hemos invertido US$ 1,170 millones, casi 20% menos que igual periodo del año pasado. En el 2022 la mayor inversión estuvo explicada por el proyecto Quellaveco; para el 2023 las inversiones serán menores, van a estar en torno a los US$ 3,500 millones.

¿Qué explica la menor inversión?

Para el 2023 hay muy pocos proyectos, ninguno de la dimensión de Quellaveco (de US$5,300 millones), es decir la inversión no está creciendo, pero solo para mantener el nivel de producción actual, el stock de inversión mínima que se requiere es de US$ 3,500 millones.

¿Qué comprende esa inversión?

Este es un negocio que requiere reinvertir permanentemente en mayor infraestructura, espacios y equipamiento, sea la renovación del equipamiento actual, o incremento en el mismo. Entonces necesitamos más proyectos grandes, porque eso va a hacer que ese stock de inversión permanente sea mayor y eso es bueno para el país.

El Minem (en su último reporte) ha incluido en su cartera para este año cuatro proyectos de construcción de Minas (Romina, Corani, Magistral y Reposición Antamina), ¿Qué avances tienen?

Lo único que se ha concretado es la aprobación del estudio ambiental del proyecto de cobre Zafranal, en Arequipa, y están pendientes de aprobación los proyectos Inmaculada, Yumpag (de Buenaventura) y Antamina, que esperamos que salga este año. Y en lo que es construcción, como nuevo proyecto de mina solamente está el proyecto San Gabriel (que se postergó, pues se preveía que empiece el 2022).

INCERTIDUMBRE PARA LAS INVERSIONES CONTINÚA

En la última encuesta del BCR sobre expectativas empresariales en la economía, el sector minero y de hidrocarburos se mantienen aún en terreno negativo versus otros sectores, ¿a qué se debe el pesimismo de las mineras?

Tenemos un portafolio de proyectos mineros de más de US$50,000 millones que está atrasado, y hay varias razones para ello. Hemos pasado un periodo de incertidumbre económica donde se hablaba de aplicar más impuestos y mayor participación estatal.

¿La incertidumbre continúa?

Tenemos todavía esa falta de convencimiento de una política minera completamente clara. Eso hace que cada proyecto minero tenga un desafío no menor, en donde se respete la relación con las comunidades y el acceso a las tierras.

¿Cuál es el horizonte más inmediato para las empresas del rubro?

Hay un cúmulo de temas que hacen que no veamos nuevos proyectos de la dimensión de Quellaveco; lo que sí tenemos en el horizonte son ampliaciones de minas existentes como los casos de Toromocho, Inmaculada, Yanacocha Sulfuros, Yumpaq, Antamina. Todas ellas son operaciones que existentes que están extendiendo su vida. (…) Además, tenemos un sistema de obtención de permisos engorroso y largo, y nosotros no estamos pidiendo cambiar los estándares (ambientales), sino más agilidad.

DESTRABE NO AVANZARÍA COMO DICE EL GOBIERNO

El ministro de energía y Minas, Óscar Vera, declaró que ya están destrabando proyectos mineros y que los trámites para su autorización se han reducido de 18 meses a 90 días. ¿Qué avances concretos han tenido?

Hay una mesa ejecutiva donde participan los ministerios de Energía y Minas, Economía, Ambiente y Desarrollo Agrario, y las empresas mineras, en la cual se discute las trabas que quisiéramos resolver, pero en concreto, a la fecha, no hemos logrado ningún cambio significativo. En el corto plazo no se ve ningún cambio normativo (para destrabar proyectos).

De todos los sectores indicados, ¿cuáles son clave para destrabar los proyectos?

Sobre los trámites del minero, hay temas que escapan al Ministerio de Energía y Minas (Minem). Por ejemplo, en la modificación de estudios de impacto ambiental para los proyectos, una parte importante están en la Autoridad Nacional del Agua, adscrita al Midagri; y otra parte en el Senace (que aprueba los EIA), adscrita al Ministerio del Ambiente. Ambas entidades son fundamentales para acelerar la ‘permisología’ y el desarrollo de la inversión minera.

¿Qué es necesario para que dichas entidades expidan los permisos más rápido?

Con el MEF hemos conversado para que, en el corto plazo, a dichas entidades las doten de recursos financieros para que tengan más profesionales, más recursos humanos con experiencia y conocimiento para que puedan revisar la información que generan las empresas en plazos más cortos.

¿Cuánto tiempo demoran los trámites solo en esas dos entidades (ANA y Senace)?

Depende de la complejidad del proyecto. Si es complejo puede tomar un año y medio; tenemos muchas entidades del estado desperdigadas con visiones distintas del mismo tema ambiental y el administrado está el centro como un sándwich y no avanzamos.

¿Qué soluciones ven para el mediano plazo?

En el mediano plazo buscamos un consenso para integrar todo el tema ambiental en una sola entidad sin cambiar ningún estándar y con eso se va a dar agilidad. (Sé que) se van a integrar funciones ambientales en una sola entidad y no se cual, puede ser el Senace o la ANA.

¿Cuál es la necesidad de esa integración?

Tiene que haber una única institución integradora porque si bien el estándar ambiental es el mismo, hay distintas interpretaciones (en los entes públicos involucrados) y se toman demasiado tiempo. Eso requiere un consenso político, y también ser consensuado a nivel del Congreso de la República.

 

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