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Próximo presidente del Perú recibirá una economía agotada y con desempleo

La salud de la economía peruana es el gran temor para los votantes que elegirán a un nuevo gobierno el 11 de abril, después de haber soportado el embate de una pandemia que hizo caer el PBI un 11 % y que lanzó a dos millones de habitantes al desempleo en el 2020.

La reacción inicial del gobierno ante la aparición del COVID-19 fue el cierre de la actividad productiva para minimizar la devastación por la pandemia, dado que el sistema sanitario adolecía de históricas deficiencias y confiaba en su respaldo financiero.

Sin embargo, la cuarentena de más de tres meses en el 2020, generó desempleo, por el cierre temporal o definitivo de las empresas, y una urgencia para entregar US$ 16,200 millones de fondos públicos en créditos para intentar salvar a las compañías y en bonos para asegurar la alimentación de millones de familias vulnerables.

“El peor momento que el Perú vivió en pérdidas de empleo se vivió en el segundo trimestre del 2020, en ese periodo hubo una reducción de casi 6.7 millones menos, fue el momento más crítico”, explicó a Efe el Oficial en Políticas de Empleo y Mercado Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Julio Pérez Coaguila.

No obstante, “con el transcurrir de los meses se reabrieron las actividades económicas, comenzaron a abrir las empresas, y al final en el 2020, comparado con el 2019, se perdieron sólo 2.2 millones de empleos” en el país, precisó.

A la crisis sanitaria se sumó el Congreso opositor, que provocó dos cambios de gobernante en menos de un año, y aprobó controvertidas medidas de índole económica que implican millonarios desembolsos para el Estado.

Además, la pandemia ha agudizado la informalidad laboral, donde siete de cada diez trabajadores no tienen contrato ni beneficios sociales.

En un año, la informalidad, que ya era un problema endémico en el país, creció tres puntos porcentuales y ha pasado de 72% en el 2019, a 75% en el 2020.

El 45% de la informalidad está en los trabajadores independientes y el resto en las micro y pequeñas empresas, según anotó el oficial nacional de empleo.

Los gremios de la industria tienen gran expectativa por el gobierno que será elegido este año y que deberá reactivar unas actividades productivas paralizadas ya antes de la pandemia por escándalos de corrupción y el enfriamiento de la economía.

“El gobierno entrante debe tener claro que uno de los sectores más importantes es el minero, y que este debe funcionar con una práctica de valor compartido con futuro”, expresó el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez.

El industrial se refirió así a la mayor industria del país, de la que dependen la mayor parte de sus ingresos y exportaciones, pero cuyo desarrollo no está exento de críticas económicas, sociales y ambientales.

Unos apuntan a que la minería legal es el motor de la inversión y que se deben dar facilidades para la explotación del recurso, mientras que otros critican los beneficios fiscales de los que gozan las empresas extractivas, el escaso aporte que ofrecen a las comunidades vecinas y sus enormes pasivos ambientales y sociales.

En ese sentido, Márquez agregó que el nuevo Ejecutivo deberá “contar con un equipo de trabajo especializado y que tenga la experiencia para resolver conflictos mineros y productivos”.

Fuente: Andina

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