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28 de marzo de 2024
Actualidad

¿Qué tienen en común Perú y Tayikistán? En el Minem está la respuesta

El incumplimiento del gobierno peruano en la entrega del informe que revela información de interés sobre las ganancias de las empresas y el Estado por la explotación de petróleo, gas y metales, le costó al Perú la suspensión temporal a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) y perder su estatus de país cumplidor.

Así, Perú se unió a Tayikistán como los dos únicos países suspendidos por la alianza internacional. Ambos no han logrado entregar dentro del plazo (marzo del 2022) el reporte de transparencia del período 2019-2020.

Tayikistán, el país menos extenso de Asia Central y ex república de la Unión Soviética, ya había sido sancionado en el 2017. Ese año, el EITI descubrió que dicho país tenía serios problemas que disuadían las inversiones extranjeras directas, entre ellas, identificó los engorrosos procedimientos de licencia, un régimen fiscal poco claro, propiedad de empresas ocultas y la falta de datos geológicos actualizados. Además, se consideró su sistema de bonificación por firma, poco atractivo.

Emomali Rahmon es el único presidente que ha gobernado Tayikistán desde que el país puso fin a su guerra civil, en 1994. Desde entonces, ha sido reelegido a través de cuatro elecciones irregulares (la última en el 2020), según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Rahmon -incluso- se estaría preparando para una transición dinástica del poder a su hijo mayor.

Según lo ha definido el Índice de transformación de Bertelsmann -que mide el estado de desarrollo y la gobernanza en los países en desarrollo-, el país postsoviético vive bajo una autocracia de línea dura, y una transformación económica muy débil: es el país más dependiente de las remesas del mundo. Y aunque es miembro de varios organismos, incluida las Naciones Unidas, el violación de los derechos humanos se agrava en ese país.

El EITI para Perú

El EITI es una alianza internacional conformada a la fecha por 52 países que tiene como objetivo transparentar, a través de informes, los pagos de las empresas mineras y de hidrocarburos a los gobiernos, y cómo estos recursos son utilizados por las autoridades a favor de la población y el crecimiento económico.

En el Perú, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) es el responsable de elaborar dicho informe. Tras la suspensión del país al EITI, la entidad informó que en junio adjudicará la buena pro para la contratación de la empresa consultora que realice el reporte, por lo que han pedido una nueva ampliación del plazo de entrega hasta octubre próximo.

¿La suspensión al EITI tiene algún impacto? De acuerdo a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) -que es parte de la Comisión Nacional EITI- si el Minem no entrega el octavo Informe EITI antes del 30 de setiembre próximo Perú quedará suspendido de la alianza hasta por un año, luego de lo cual podría considerarse su exclusión como país implementador EITI.

“Hacia el exterior, la suspensión es un daño a la imagen del país”, dice Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE. A nivel local -que sería la parte grave- “el gobierno estaría dando a entender que quiere ocultar información sobre lo que aportan las empresas mineras a través del canon y regalías, para seguir diciendo en su campaña política que el sector no paga impuestos, y ese es un problema”, dijo a Gestión.pe.

De acuerdo a información del Minem, entre enero y diciembre del 2020 los gobiernos regionales y locales recibieron por canon minero, regalías mineras legales y contractuales, y derecho de vigencia y penalidad, más de S/ 4,164 millones, mientras que en el 2021 alcanzó la cifra récord de S/ 6,624 millones, en un contexto de altos precios de los minerales que continuarán este año.

“Como SNMPE también hemos compartido cifras, pero el informe de transparencia de la EITI es la oportunidad de presentar la información otorgada por la Sunat, individualizar el aporte por empresa, pero también, detallar en qué, cómo y cuánto de ese dinero que entró fue gastado por los diferentes niveles de gobierno. El Ejecutivo debiera ser el más interesado en la transparencia de la información, ahora más que nunca, ante los conflictos sociales que se presentan”, agregó Gálvez.

Cabe indicar que el EITI también promueve el diálogo entre gobierno, empresas extractivas y sociedad civil. Organizaciones civiles como Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), que alertó en marzo la suspensión del Perú, señaló que el informe es clave también para poder exigir a las compañías extractivas reglas claras en sus operaciones, sobre todo, en un contexto de derrames petroleros en la Amazonía y -hace tres meses- en la costa de Lima.

Una vez hecha pública la suspensión de Perú, el titular del Minem, Carlos Palacios, informó que se aprobó un financiamiento de S/ 230,000 para proseguir con el trabajo de cumplir con cada uno de los requisitos del Estándar EITI.

Fuente: GESTIÓN.

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