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Regiones podrían tener en sus manos la exclusión de actividades económicas en su territorio

Mientras que por un lado el Ejecutivo retrocede en su afán de limitar actividades como la minería (ver página 11) y declara estar a favor de las inversiones privadas, por otro lado, mantendría ese propósito de limitar estas actividades a través de otras medidas.

Por ejemplo, según fuentes cercanas al Ejecutivo, desde el Gobierno se estaría elaborando modificaciones a la normatividad vigente sobre el ordenamiento territorial, las cuales, entre otros, tendrían como fin limitar actividades económicas en determinados territorios. El proyecto en ciernes deberá ser elevado al Consejo de Ministros para su aprobación, lo que ocurriría en los próximos días, y luego remitido al Congreso para su aprobación.

Exclusión de usos

El proyecto de ley que alista el Ejecutivo buscaría derogar, por ejemplo, el artículo 22 de la Ley 30230, que regula el Ordenamiento Territorial y establece que ni la Zonificación Económica Ecológica ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de usos.

Al derogar este artículo, lo que se estaría buscando es hacer del ordenamiento territorial un procedimiento que vaya más allá de su actual rol orientador y se daría luz verde a que, tanto el ente rector (la PCM), como los gobiernos regionales, puedan asignar o excluir algunos usos productivos del territorio, como por ejemplo actividades económicas como la minería.

Al respecto una fuente consultada por Gestión informó que ya el Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado sobre una demanda de inconstitucionalidad contra esta Ley 30230 y la declaró infundada.

Y en lo que respecta al artículo 22 precisó que “la naturaleza orientadora del ordenamiento territorial, en cuanto no asigna ni usos ni exclusiones de usos, no implica que las actividades de producción estén exentas del análisis del impacto ambiental o que se haya dado carta libre a incidir irrazonablemente en el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado”.

Rectoría

El proyecto de ley le da la rectoría del Ordenamiento territorial a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y plantea institucionalizar el proceso de Ordenamiento Territorial, cuya implementación será de manera articulada y “bajo objetivos en común multisectoriales y en los tres niveles de gobierno”.

En tal sentido, establece como meta que los gobiernos regionales implementen sus procesos de ordenamiento territorial. “Para ello establecemos como medida al 2030, la elaboración e implementación de 26 planes de ordenamiento territorial regional, lo cual representaría un valor estimado de S/16,900,000, correspondiente a aspectos técnicos y logísticos de elaboración de dichos instrumentos”, señala en una parte de la fundamentación del proyecto, según una de las fuentes.

De aprobarse esta ley será de aplicación a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno “y a las personas naturales o jurídicas en todo el territorio nacional, vinculadas con el cumplimiento de las políticas en materia de ordenamiento territorial”.

Seguimiento y participación ciudadana

El proyecto de ley que modifica la normativa sobre el ordenamiento territorial (Ver nota principal) también plantea la participación de la población civil para lo cual propone “implementar mecanismos de seguimiento con participación ciudadana”.

“Se plantea la implementación de espacios de coordinación y seguimiento, así como de un sistema de información en base a la formulación de inversiones que permita la permanente retroalimentación de los instrumentos técnicos y el cumplimiento de los mismos, con la participación de la ciudadanía. Se iniciará durante el tercer año de implementación del presente Proyecto de Ley, con un costo estimado de S/ 13 millones en un período de cinco años”, precisa la iniciativa en evaluación.

Fuente: GESTIÓN.

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