La responsabilidad y obligación de todo gobierno es generar bienestar en la población y para generar bienestar se necesitan recursos económicos. Una de las principales fuentes de recursos con las que cuenta el Perú es la minería. Somos el segundo productor mundial de cobre (después de Chile). Nuestra capacidad de producción de cobre se verá incrementada en casi 15% por el cercano inicio de operaciones de la mina Quellaveco -casi en un 90% de construcción- Mina Justa en plena capacidad de producción, más algunas expansiones como Toromocho. Tenemos además proyectos importantes como La Granja, Galeno y Michiquillay en Cajamarca, Río Blanco en Piura, Los Chancas, Haquira y Cotabambas en Apurímac y los proyectos paralizados Conga y Tía María en Cajamarca y Arequipa respectivamente.
El lunes 07 de marzo el cobre alcanzó en la Bolsa de Metales de Londres, el precio histórico de US$ 10,845 por tonelada. Si bien es cierto los precios de los metales varían en el tiempo, la tendencia es que en los próximos años no habrán caídas por el aumento de la demanda y sus múltiples usos en el futuro. La lógica es bastante sencilla, a mayor precio del cobre las empresas mineras que se dedican a este metal tienen mayores utilidades. Al tener mayores utilidades se incrementa el monto del pago de sus impuestos y consecuentemente, se incrementa el Canon Minero y las Regalías que se destinan a las regiones en las que se ubican las minas. El manejo de este dinero no lo hacen las empresas mineras, lo hace el Estado peruano por medio de sus tres niveles de gobierno: central, regional y distrital.
El problema endémico que tenemos en el Perú es que tradicionalmente el Estado no ha sabido transformar los recursos generados por la minería (no sólo el canon minero sino además las regalías mineras y los derechos de vigencia) en el bienestar para la población. Esto básicamente por dos motivos: (1) falta de capacidad, competencia y meritocracia de los funcionarios públicos y (2) corrupción institucionalizada. El gobierno debe apostar decididamente por la pequeña, mediana y gran minería, específicamente por la minería de cobre, es sabido que 70% de la cartera de proyectos son de cobre. Es importante también dar una solución práctica al problema de la minería informal. Los precios de varios metales están alcanzando picos históricos y somos un país polimetálico. No tiene sentido desatender los proyectos mineros que ya tienen los estudios de exploración terminados. No olvidarnos tampoco del impulso a las exploraciones para seguir descubriendo más recursos mineros que generen a la vez más proyectos.
Para disminuir la conflictividad social en torno a la actividad minera se debe asegurar el trabajo respetuoso del ambiente (con énfasis en recurso hídrico) y sobre todo, que el Estado en alianza con la empresa minera cumpla con su rol de generar desarrollo territorial en las áreas de influencia de las operaciones mineras. El desarrollo territorial tiene como primer elemento la formación de los corredores económicos que harán que las poblaciones abandonen la pobreza, sobre todo, a quienes no trabajan en la operación minera. El desarrollo territorial sacará de la pobreza también a quienes se dedican a aprovechar recursos diferentes a los mineros y que están presentes en la cuenca. La pobreza no se elimina con asistencialismo económico, la pobreza se elimina con generación de empleo y de emprendimientos empresariales. La minería genera toda una cadena de proveedores locales y lo que falta es que el Estado genere emprendimientos productivos con los demás recursos existentes en la cuenca en base a conceptos de competitividad, productividad y calidad de servicio. Mientras el estado no cuente con dinero para dar buenos servicios sobre todo de educación y salud, todo es demagogia. Tan importante como saber invertir o gastar el dinero del Estado, es saber generar recursos o “hacer caja”. Pero no debemos permitir se siga dilapidando los recursos destinados para mejorar la calidad de vida de la mayoría de peruanos que aún claman por su desarrollo.
