La situación de la empresa estatal PetroPerú es insostenible. La última información pública reportada muestra pérdidas de US$ 380 millones al cierre del primer semestre de este año.
Este es un ejemplo más de la ineficiencia de las empresas manejadas por el Estado, que generan inmensas pérdidas para el país, sacrificando recursos que necesita la población y restando competitividad a un sector tan importante como el de hidrocarburos.
Otorgarle un nuevo “préstamo” a PetroPerú significa dilapidar el dinero de todos los peruanos que podría ser utilizado para construir mejores colegios, postas, hospitales, carreteras, entre otra infraestructura necesaria para devolverle la dignidad a las personas, en lugar de continuar viviendo una aventura empresarial que a todas luces es un fracaso.
Es inaceptable además que el proceso de adjudicación de los lotes petroleros I, VI y Z-69, en el norte de nuestro país sea realizado sin transparencia. Adjudicarlos directamente a PetroPerú sin licitación vulnera la libre competencia e igualdad de condiciones que debe primar en una economía de libre mercado.
El Congreso tiene la responsabilidad de exigir al Ejecutivo el sustento técnico, legal y económico para una decisión de esta naturaleza, sobre todo teniendo en cuenta que se sabe de la existencia de postores privados interesados en participar en una eventual licitación para la adjudicación de los mencionados lotes. Dicho proceso debería darse de manera abierta y competitiva en beneficio del país.
Lo ocurrido en Bolivia con el gas es una muestra más del fracaso de la actividad empresarial estatal. Se destruyó la riqueza, se ahuyentó la inversión privada, se malgastaron los recursos y hoy enfrentan una situación seria de falta de gas y nuevas reservas. El Perú no puede ni debe seguir ese nefasto ejemplo.
