Una nueva ola de violencia contra el sector minero peruano amenaza con paralizar las actividades productivas de importantes operaciones mineras ubicadas en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Cusco, alertó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
El gremio empresarial manifestó que, ante la pérdida del principio de autoridad, se está normalizando la violencia y el conflicto como forma de presión, extorsión y negocio ilícito.
En esa línea, el gremio minero energético expresó su condena contra la violenta incursión que sufrió la unidad minera Inmaculada -ubicada en la región Ayacucho- por parte de un grupo de 30 personas, el último lunes 31 de octubre.
“En el ataque a las instalaciones de la mina, que es propiedad de la compañía minera Ares, se puso en grave riesgo la vida y salud de 1,700 trabajadores” indicó la SNMPE al precisar que las amenazas de violencia persisten en contra de la empresa.
Al respecto, el gremio minero energético denunció que “seudo asesores” de las comunidades son los que vienen azuzando a la población para atacar a la mina. “Se ha podido identificar que los mismos agitadores que operan desde hace varios años en el corredor minero del sur hoy se han trasladado a Ayacucho para extorsionar a las empresas mineras que trabajan en esta región”, precisó.
En este contexto, informó que lamentablemente una vez más la mina Las Bambas -que es una de las principales productoras de cobre en el Perú y del mundo- se verá obligada a paralizar progresivamente su producción, debido al persistente bloqueo de carreteras públicas en la región Cusco.
La situación en Las Bambas es crítica porque desde el pasado 28 de octubre, se bloquea con total impunidad las carreteras en los sectores de Tuntuma y Huincho en la provincia de Chumbivilcas, así como la ruta alterna de Coyabamba en Paruro, lo que impide el libre tránsito de los trabajadores, el ingreso de insumos y alimentos, así como el transporte de la producción de dicha operación minera.
“Las Bambas ha sufrido el bloqueo de las vías de acceso a la mina en más de 549 días desde que inició operaciones en el año 2016”, indicó la SNMPE, al señalar que dicha empresa -que aporta el 16% de la producción cuprífera nacional y da empleo a más de 8 mil trabajadores y proveedores- es blanco de un permanente ataque que boicotea sus operaciones.
“Es notable el debilitamiento de la capacidad del Estado para enfrentar los conflictos que están afectando a toda la sociedad y a nuestra capacidad, como país, de reactivar la economía, garantizar la seguridad de la población y generar empleo formal”, subrayó la SNMPE.
Esta escala violentista contra el sector minero -anotó-, también se ha extendido a otras zonas de la región Cusco, donde la compañía minera Antapaccay viene siendo hostigada por líderes de organizaciones civiles quienes exigen supuestos compromisos incumplidos.
“Observamos que los conflictos sociales vienen siendo azuzados con fines subalternos y hasta delictivos. No puede coexistir el diálogo con la impunidad”, puntualizó la SNMPE.
