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Transportistas realizan plantón frente a Indecopi para exigir respuesta por robo del cartel de GNV

A días de cumplirse dos años desde que se dio a conocer el robo más grande en la historia del Perú perpetrado por 63 empresas y 29 funcionarios comercializadores de GNV, decenas de transportistas tomaron los exteriores de las oficinas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para alzar su voz de protesta y exigir respuestas sobre el caso al organismo regulador.

Al respecto, Elmer Mercado, coordinador del Comando Unitario de Transporte Terrestre, gremio perteneciente a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), manifestó tener conocimiento que las grandes empresas sancionadas están ejerciendo fuerte presión al interior del Indecopi para que se reduzca la multa, razón por la cual exigió a la presidenta de esa institución, Hania Pérez de Cuellar, informar al país el estado del proceso sancionador.

Perjuicio para el Perú

Según Mercado, los sobrecostos del Cártel GNV tuvieron serias consecuencias para el país, ya que se impuso un incremento de precio de hasta 38% más por m3. “El GNV pasó de costar S/0.60 céntimos de sol a S/1.60 y ese precio aún se mantiene, es decir que nos roban, los descubrimos y dejamos que nos sigan robando “enfatizó.

El incremento del precio afectó directamente a los principales demandantes del GNV en el país que son: flotas de buses de transporte y taxistas, pero también perjudicó a los usuarios de estos servicios ya que las empresas transportistas trasladaron el alza hacia el precio de pasajes, y al alza de los alimentos que son transportados en fletes.

Igualmente, al encarecer el precio de un combustible limpio como el GNV, se desalentó el cambio en la matriz energética, con lo cual se generó un perjuicio al medio ambiente, en un contexto en el cual el 70% de la contaminación del aire en Lima es atribuido a la mala calidad de los combustibles (gasolinas y diésel).

Empresas multadas licitan para robar más

Mercado indicó que, a pesar de existir una sanción administrativa, en el Perú nadie protege a los más pobres de los malos empresarios, sino que, al contrario, el Estado los premia. Esto ya que las compañías comercializadoras pertenecientes al cartel GNV continúan laborando y hasta licitando como si nada hubiera pasado, mientras que a los peruanos que sí luchan por salir adelante día a día, como es el caso de los taxistas y transportistas, sufren por el olvido de sus autoridades.

“Esto es indignante. Mientras miles de taxistas perdieron sus vehículos porque no pudieron pagar los costosos créditos debido a que los comercializadores de GNV se pusieron de acuerdo para encarecer el precio, empresas como Primax siguen haciendo negocio como sin nada, e inclusive la chilena Terpel tiene la cara dura de postular como abastecedor de combustible para las minas de Glencore en el Perú, en la zona de Espinar, como si nada hubiese pasado. Energigas, del Señor Diego Gonzales Posada, quien además es presidente del Fondo Blanquiazul y responsable de haber enviado a segunda división al Club Alianza Lima, maneja la compañía más multada del cártel, que sigue estafando y debe fuertes sumas a sus trabajadores y proveedores. Eso es una burla para cualquier peruano”, alertó el dirigente.

El cártel GNV en cifras

Son 63 empresas y 29 funcionarios sancionadas por Indecopi por perteneces a esta nefasta organización

Indecopi señaló en resolución que, debido a la concertación de precios, los usuarios terminaron pagando S/ 152 millones de más por el GNV.

Indecopi alega que cuando se confirme esta decisión por la Sala de Libre Competencia de en segunda instancia, se procederá con un procedimiento judicial el cual tendrá como base el resarcimiento del daño emergente y una posterior indemnización.

La sanción impuesta por Indecopi al cartel GNV, asciende a 450 millones de soles, la multa más alta de la historia peruana

Gracias a las evidencias obtenida durante la investigación se determinó que este cártel operó de manera secreta entre 2011 y 2015, a través de coordinaciones efectuadas entre funcionarios y empleados de diversas estaciones de servicio competidoras entre sí, quienes acordaron el precio que cobrarían o los incrementos que realizarían.

 

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