La industria minera no puede dejar de invertir porque cada año, como mínimo, desembolsa $2 mil millones para mantener la producción que está en marcha, señala Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). En entrevista con Correo, dejó claro que no hay inversión en nuevos proyectos porque aún hay cierta incertidumbre, además de que la administración pública sigue siendo lenta para otorgar los permisos. Cree que un diálogo, en el que se ponga al centro al gran enemigo, que es la pobreza, puede reducir la tensión en el país, sobre todo alrededor de los yacimientos mineros.
El año pasado, la minería tuvo resultados mixtos. Se ha tenido un bajo nivel de inversión en exploración, lo que es muy negativo porque se está comprometiendo el largo plazo de la industria. Por un lado, es por la cantidad de permisos ambientales que, erróneamente, se requiere para la exploración siendo que es una actividad de muy bajo impacto. Lo segundo es la alta expectativa que genera una actividad de exploración. La exploración tiene muy bajo impacto ambiental, pero si tiene un alto riesgo financiero porque de 10 proyectos, solo uno se convierte en una mina productiva.
El Corredor Minero del Sur…
La otra nota negativa se dio en el Corredor Minero del Sur, específicamente en Las Bambas, que necesita un entendimiento para lograr un acuerdo y que no se pretenda usar esta mina para la extorsión. Creo que operaciones mineras como Las Bambas deberían ser una oportunidad para financiar un plan de desarrollo del territorio. Allí se requiere un liderazgo más claro, o del gobernador, o de las autoridades provinciales y distritales; del Gobierno Central no se ha dado. El 2022 fue un año más en que las constantes han sido las paralizaciones y las extorsiones en esta mina. Se puede decir que el problema se inició por el cambio, en el proyecto, de un concentraducto por la carretera y alrededor de este punto se debe discutir y acelerar lo que hay pendientes.
¿Lo positivo del 2022?
El lado positivo es la puesta en marcha de Quellaveco, que coloca a Perú, sólidamente, en el segundo lugar de la producción mundial de cobre, cuya demanda será creciente por el cambio de matriz energética y por un menor consumo de combustibles fósiles. También es positivo que China ha comenzado a salir de su crisis sanitaria y está demandando más cobre, lo que ha permitido que el precio suba. Hay precios buenos, pero los pocos acuerdos de exploración son por la falta de entendimiento, la falta de una solución integral y definitiva en el Corredor Minero del Sur.
Sobre el Corredor Minero, los gobiernos anteriores han prometido mucho e hicieron poco.
Hay que reconocer que el Perú, hace 20 años, decidió emprender una regionalización basada en la transferencia de fondos públicos a los gobiernos regionales y locales, pero no basta transferir dinero o transferir responsabilidades, se necesita transferir capacidades. El número de proyectos en ejecución que se suspenden siempre tienen la misma causa: falta planificación; o la ingeniería y el expediente técnico no han sido los correctos, aparece una controversia y se paraliza el proyecto. Se debe trabajar en cómo lograr que la gestión pública mejore, no se trata de buscar una solución dramática y centralizar todo de nuevo, como en los 50, lo veo difícil porque ya se transfirió todo.
¿Las empresas mineras pueden hacer algo?
Lo que nos toca es trabajar todos, en este caso como sector minero, sabemos planificar, priorizar y desarrollar proyectos en esos territorios complejos, agrestes, remotos. Tenemos que ser parte de la solución, aportar para que nuestra gestión pública gane eficacia y eficiencia, sino el ciudadano que no está vinculado a la actividad no ve la relación directa entre más promoción y más inversión minera y un mayor bienestar para ellos.
Siempre se quejan de los excesivos permisos.
Hay una gran cantidad de permisos, muchos redundantes; tenemos que ser conscientes del sentido de urgencia para ser más rápidos. Nadie pide bajar los estándares, pero la cantidad de papeles y documentos que se solicita para una actividad formal es contradictoria. Hay que resolver la informalidad y si se quiere formalizar la economía se tiene que cambiar los estándares, la velocidad. Hemos crecido en número de ministerios.
¿Los permisos para proyectos mineros?
Para un proyecto minero son más de 400 permisos. La fragmentación del Estado ha creado compartimientos estancos. La respuesta del Estado, al no diagnosticar correctamente el problema de insatisfacción de la población, es la de crear más pasos, yendo en la dirección incorrecta. Lo correcto es resolver la causa del problema y buscar mejorar la gestión pública. Los permisos de exploración deberían ser más rápidos porque no hay un solo proceso químico, pero la cantidad de permisos ambientales que se solicitan es inusual, lo que exacerba las expectativas del propietario de la tierra. Se ha creado un círculo vicioso, todo es muy lento y se está poniendo en riesgo el largo plazo de la industria. En Perú, obtener el permiso para un proyecto de exploración puede tomar más de tres años.
¿Habrá menor producción?
La industria minera es intensiva en capital, no solo se extrae, se necesita reinvertir. La dimensión que tiene Perú en producción minera hace que, a pesar de que no se ve ningún proyecto nuevo, se necesite invertir, cada año, más de $2 mil millones para sostener la producción y extender la vida de una operación minera.
Entonces, en el muy corto plazo lo que puedo hacer es acelerar, sin bajar los estándares, las inversiones para mantener las operaciones existentes, que requieren permisos para mantener la operación y extender la vida, es más sencillo porque se tiene la misma huella ambiental, pero se requiere decisión para ir más rápido.
¿Es el caso de Toromocho?
Claro, Toromocho, Antamina; Buenaventura con Tambomayo y Yumpaq, casos existentes que necesitan permiso ambiental adicional para poder seguir con la producción, extender la vida del yacimiento. Se necesita decisión (permisos) para ir más rápido. Entiendo que pueda haber preocupación, pero a veces uno recibe centenares de observaciones sobre un proyecto que tiene la misma huella ambiental. No se tiene sentido de urgencia y el tiempo juega en contra de todo.
El problema es también cuando hay constante cambios de autoridades
Es cierto, hay entidades técnicas muy especializadas, como la Autoridad Nacional del Agua que ha tenido carencia de cuadros. Se requiere la permanencia de los cuadros técnicos. Entiendo que el cargo de ministro es político, pero el cargo de un viceministro debería tener una posición de permanencia en el tiempo, si no hay conocimientos que se pierden y esa falta de conocimiento hace que el nuevo funcionario tome tiempo en aprender y se retrase todo.
¿Y el 2023?
En un escenario como el que vivimos, de incertidumbre, en el que aún hay algunos puntos críticos del país, es poco probable la inversión en nuevos proyectos, pero si se dará, como dije, la inversión para operaciones en producción, lo que explica la cantidad de trámites.
¿Cuánta inversión pueden mover los proyectos que están a un paso de desarrollarse?
A la mano de ser desarrollado está Tía María, cuyo operador (Southern) tiene nombre y dirección, es una empresa que lista en la bolsa de valores de Nueva York. En el norte tenemos un cluster de proyectos que deberían ser vistos así, están Michiquillay, Galeno y Conga, son tres proyectos de cobre en Cajamarca; el gobernador regional debería ser el principal promotor de que se pueda llegar a acuerdos con los propietarios de la tierra y se entienda su importancia. Muy cercano está La Granja, proyecto muy grande, también de cobre. Si nos vamos al sur también está Zafranal, que se está desarrollando, pero el nuevo gobierno regional quiere desconocer el acuerdo que había llegado con la Autoridad Autónoma de Majes. También están Los Chancas, Trapiche, Los Quechuas, además de Las Bambas (ampliación).
¿Esos proyectos podrían mover, al menos, $10 mil millones en el corto plazo?
Hace algunos años, con ayuda del Centro de Competitividad y Desarrollo de la Universidad San Martín, se hizo un ejercicio teórico sobre los efectos de que Perú desarrolle, en una década, el portafolio de $53 mil millones. Se concluyó que la tasa de pobreza bajaría por debajo de los dos dígitos (-10%). El 70% de portafolio que tiene desarrollado el Perú es cobre, metal de gran demanda. Se necesita encontrar espacio de diálogo maduro, poniendo en el centro al gran enemigo que es la pobreza, poniendo al ciudadano adelante, es clave para Perú.
Pero, ¿falta decisión política?
El actual Gobierno nace de una situación compleja. La señora Dina Boluarte, siguiendo un orden constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo, asume la Presidencia. Entiendo que está en un período de conocimiento, no se le puede pedir resultado de un día para otro. Se tiene que dialogar, hay una población que atender, que siente que no ha recibido servicio público de calidad, ni en educación, ni en salud, ni en seguridad ciudadana. Tenemos una economía cuyo 70% de su PEA tiene un empleo informal; es el problema que hay que solucionar. Adelantar una elección o pretender poner una agenda de asamblea constituyente no es la forma, buscamos dar solución de una forma errada. Si nos sentamos a dialogar sobre cómo todos los peruanos derrotamos la informalidad y cómo hacemos que nuestra gestión pública sea de calidad, eficaz, eficiente y transparente, se dará un gran paso. Si no ponemos esta agenda por delante y ponemos una agenda errada, vamos a resolver el problema equivocado.
Víctor Gobitz
Presidente de la SNMPE. Ingeniero de minas por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Magíster en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela de Administración de Negocios de ESAN. Presidente y gerente general (CEO) de Compañía Minera Antamina.