La minería ilegal se ha posicionado como uno de los principales desafíos en materia económica y social del país. Su creciente avance se evidencia también en el aumento de las denuncias, proliferación de actividades conexas y operaciones financieras sospechosas, lo que devela la fragilidad de los mecanismos de fiscalización del Estado.
La mayor incidencia de la minería ilegal a nivel regional se puede identificar en zonas específicas, a través de los registros de denuncias del Ministerio Público por el delito de minería ilegal y sus formas agravadas, disponibles desde el 2020.
Entre el 2020 y 2024, estas se triplicaron, pasando de alrededor de 800 a más de 2,500 a nivel nacional.
El aumento es crítico en tres regiones: Madre de Dios, La Libertad y Puno, donde las denuncias crecieron en más de 350, 250 y 120, respectivamente.
Esta tendencia alcista se mantiene en los primeros siete meses para dichas regiones, con énfasis en algunos distritos: en Pataz (La Libertad), las denuncias por el delito de minería ilegal y sus formas agravadas se multiplicaron por 36 desde 2020 (de 3 a 109); en Inambari (Madre de Dios), los casos se triplicaron (de 34 a 106); y en Ananea (Puno), pese a que no se registraron denuncias en el 2020, a julio último ya se acumularon 38.
Frente a este avance, no es de extrañar el aumento en el número de exportadores mineros. Entre el 2019 y julio pasado, este número casi se triplicó. Destaca el caso de Puno, donde pasaron de 91 a más de 1,000. Así, la participación de esta región del total de exportadoras mineras se incrementó de 18% a 73% en ese periodo.
Otras variables preocupan también en esa región: el ratio de estaciones de servicio por cada 10 mil habitantes es tres veces el promedio nacional, 30% mayor que en Cusco y 50% mayor que en Apurímac y Ayacucho.
Ello evidencia un consumo de combustible atípicamente alto que se vincularía a una creciente actividad minera ilegal.
Operaciones sospechosas
Además de identificar el origen de esta actividad, resulta fundamental analizar los destinos de los envíos, pues estos se concentran en países que análisis internacionales identifican como plazas con menores niveles de regulación.
El sistema financiero a través de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentadas a la UIF identifica que en los últimos 10 años, India y Emiratos Árabes concentraron más del 80% de las operaciones registradas como sospechosas vinculadas a la minería ilegal.
Consistentemente, estos países incrementaron su participación en los envíos de oro en dicho periodo: ambos pasaron de concentrar 3% de las exportaciones peruanas de este mineral en el 2014 a 48% en el 2024, según datos de TradeMap.
Adicionalmente, entre enero y junio de este año, se registraron en promedio 114 reportes mensuales, el mayor nivel histórico.
Los montos involucrados superaron los US$ 410 millones en promedio cada mes durante este 2025 y buena parte de estas operaciones estuvo vinculada a personas con domicilio en Puno (32%) y a La Libertad (26%), dos de las regiones con mayor presencia de minería ilegal.
No menos preocupante es el involucramiento de la población joven dado que el 42% de las personas naturales reportadas tenía hasta 35 años. Además, 76% de las personas jurídicas reportadas tiene una antigüedad menor a 3 años.
Fuente: GESTIÓN