Por: Juan Pablo Macassi Zavala
Socio de Hernández & Cía. Abogados
El debate minero en el país, en los últimos meses y en particular en estas últimas semanas del año, ha estado enfocado en la casi segura extensión del proceso de formalización minera, que con tan poco éxito se viene implementando en el Perú ya desde hace varios años. Lamentablemente esto ha acaparado la atención distrayéndonos de otro tema fundamental para el sector: recuperar la competitividad optimizando la permisología minera.
Muestra de ello es que en el Proyecto de Ley 13280/2025-PE (de otorgamiento de facultades para legislar sobre seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico y fortalecimiento institucional) que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el pasado 20 de noviembre de 2025, incluyó una propuesta orientada a optimizar los procesos de certificación ambiental a cargo del SENACE, para lo cual se plantearon diversas medidas, entre ellas que el SENACE asuma plenamente la evaluación integral de los recursos hídricos.
Como el mismo proyecto sustentaba, actualmente existen demoras en la evaluación de estudios de impacto ambiental de proyectos de inversión, debido a la complejidad técnica de los proyectos, limitada capacidad operativa de las entidades evaluadoras, deficiencias en la documentación presentada por los titulares, y la acumulación de subsanaciones o pronunciamientos sectoriales. Este mismo texto del Poder Ejecutivo reconoce que a pesar de los esfuerzos de optimización y digitalización de los procedimientos administrativos, persisten retrasos significativos que impactan los proyectos, por lo que se “requiere una reforma integral”. Lamentablemente, dicho extremo no fue aceptado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, y el proyecto de ley para la delegación de facultades que se discutirá en el Pleno no tendrá este extremo.
De lo anterior podemos extraer algunos puntos interesantes: el Poder Ejecutivo (o por lo menos, parte de él) comparte el diagnóstico que tenemos en el sector, esto es que las demoras en obtener aprobaciones gubernamentales van en contra de la competitividad del país para atraer y desarrollar inversiones, y que los cambios de los últimos tiempos no han sido efectivos. Lo negativo es que, por lo menos en el próximo paquete legislativo, no habrá un cambio fundamental en el proceso de certificación ambiental.
Ciertamente el reto de la permisología en el sector minero no se agota en la certificación ambiental, sino que se extiende a la gran lista de títulos habilitantes que se deben obtener para llegar a la etapa operativa (fácilmente más de un centenar de permisos), el tiempo que ello implica (más de una década según el común de los casos) o, a veces, la poca predictibilidad en la evaluación por parte del Estado. No obstante, obtener la certificación ambiental (incluyendo sus posteriores modificaciones), es el paso que en término de tiempo y esfuerzo es el más importante, por lo que la propuesta del Poder ejecutivo iba a tener un impacto muy positivo.
Así, esperemos que la propuesta del Poder Ejecutivo sea plasmada en una iniciativa legislativa específica para que sea evaluada y debatida en el Congreso (ya no como la delegación de facultades). Este tipo de reformas son necesarias para comenzar a recuperar la competitividad y la confianza del sector.