El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP) expresa su preocupación y rechazo frente al rumbo que ProInversión viene anunciando para Petroperú, en particular respecto a la cesión de la gestión de la Refinería de Talara al sector privado con meta de cierre en junio de 2026.
1) Una ruta acelerada que compromete decisiones estratégicas del país
Según información difundida en medios, ProInversión ha señalado que Talara sería el primer «bloque patrimonial» en pasar a gestión privada en junio, mediante fórmulas como APP o gerencia privada, dentro del marco del D.U. N.° 010-2025.
Asimismo, se ha informado que el plan se presentaría en un plazo muy corto (se ha mencionado que el Gobierno busca adelantarlo incluso dentro de enero), lo que evidencia una presión por acelerar hitos.
Para el STAPP, hacer «rápido» no es sinónimo de hacer «bien» cuando se trata del principal activo industrial del país. Talara requiere decisiones con sustento técnico verificable, gobernanza sólida y transparencia total, no cronogramas apretados por urgencias de coyuntura.
2) Rechazamos la descalificación del personal: Talara se opera con formación y estándares
El STAPP rechaza categóricamente las declaraciones del Director Ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, quien afirmó que «no está seguro» de que Petroperú tenga la capacidad técnica para operar Talara y lo comparó con tener un «Lamborghini» sin saber manejarlo.
El personal de Petroperú ha venido siendo capacitado y entrenado para operar la Nueva Refinería de Talara bajo estándares exigentes de seguridad y desempeño. La solución a los problemas de la empresa no pasa por estigmatizar a sus trabajadores, sino por sanear, ordenar y fortalecer la gestión con criterios profesionales.
3) «Bloques patrimoniales» y deuda sin aval: advertimos riesgos para el Estado
De acuerdo con lo difundido, la estrategia incluiría evaluar otros activos (como «caballitos» del noroeste, Lote Z-69 y Lote 192) para incorporarlos a esquemas de gestión privada por bloques y fideicomisos. Es decir, darle la facilidad al sector privado de estar integrado verticalmente con los activos de Petroperú.
En paralelo, se reporta que Petroperú asumiría nueva deuda internacional sin aval del Estado para atender obligaciones de corto plazo, en un contexto de tensión financiera.
El STAPP advierte que esta combinación —fragmentación acelerada más apalancamiento financiero— exige mayor prudencia y control público: cualquier error contractual o proceso fallido puede derivar en costos, controversias y presiones adicionales sobre las finanzas del país.
4) No repetir el patrón del Gasoducto Sur: lecciones que no se pueden ignorar
El STAPP llama la atención sobre un punto de fondo: la conducción de proyectos energéticos complejos exige resultados medibles, no anuncios. El país conoce los costos de procesos prolongados, controversias y gastos sostenidos en activos paralizados en el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Por ello, el STAPP exige que cualquier intervención de ProInversión en activos estratégicos de Petroperú, como Talara, no replique esquemas que terminen trasladando costos al Estado y, en consecuencia, a todos los peruanos.
El Perú ya ha enfrentado consecuencias graves por proyectos energéticos entrampados: transferencias recurrentes para custodia y mantenimiento de infraestructura paralizada, y litigios internacionales de alto impacto. En el caso Enagás–Gasoducto Sur Peruano, se ha informado que la rectificación del CIADI elevó la compensación a un nivel superior a US$ 302 millones, tema que el propio Estado ha abordado públicamente.
Por ello, el STAPP exige que ProInversión actúe con rigor: Talara no puede exponerse a un esquema que termine generando nuevos costos hundidos, arbitrajes o traslados de riesgo al Estado peruano.
5) Primero sanear Petroperú: gobernanza y orden, con referentes regionales
En primer lugar, el país necesita sanear Petroperú: orden financiero, planificación operativa, meritocracia, trazabilidad de decisiones y reglas de gobernanza que reduzcan la injerencia política y aseguren continuidad técnica.
Experiencias regionales como la de Ecopetrol muestran la relevancia de marcos institucionales de gobernanza y transparencia (incluida su normativa de organización societaria y buenas prácticas de gobierno corporativo).
6) Exigencias del STAPP
El STAPP exige:
– Rectificación por expresiones que descalifican al personal y deterioran la confianza institucional.
– Presentación de un informe técnico integral (operativo, financiero, legal, ambiental y de riesgos) previo a cualquier decisión sobre Talara.
– Transparencia de la hoja de ruta, criterios de selección, reparto de riesgos y obligaciones del eventual operador.
– Diálogo formal con los trabajadores y sus organizaciones, con actas y compromisos verificables.
– Garantías de protección del interés público, la seguridad energética y la sostenibilidad de la empresa.
El STAPP reafirma que se mantendrá firme en la defensa de Petroperú, de Talara y de los activos estratégicos de la nación. El Perú requiere soluciones responsables, técnicas y sostenibles; la prisa sin saneamiento previo pone en riesgo el patrimonio público y puede repetir errores que ya han perjudicado al Estado peruano.