Un estudio de Ipsos para el colectivo País Seguro (PAS) develó que la población percibe a la minería ilegal como la actividad ilícita que más dinero mueve en el Perú, superando ampliamente a otras economías ilegales como el narcotráfico o la extorsión.
Según los resultados, el 43 % de encuestados considera que la minería ilegales la actividad ilícita que más dinero mueve en el país, mientras que el narcotráfico alcanza el 19 %. Más atrás se ubican la extorsión y cobro de cupos (12 %), sobornos y corrupción (7 %), préstamos “gota a gota” (6 %) y contrabando (3 %).
En el análisis de esta investigación, el politólogo del Centro Wiñaq, Franco Olcese, señaló en RPP que la ciudadanía ve a la minería ilegal «como cada vez más importante y cada vez más influyente» desde un punto de vista negativo, generando daños al medio ambiente, criminalidad y ganando cercanía al poder político.
«Creo que está emergiendo cada vez más claro, inclusive diferenciándose de las otras actividades ilegales como el narcotráfico, la tala, la trata, o como un poder mucho más presente», señaló.
Percepción nacional
En regiones como Arequipa y La Libertad, el estudio muestra que los niveles de percepción están por encima del promedio nacional. Si bien Lima aparece como una de las zonas donde más se percibe el problema, Olcese aclaró que la percepción de la minería ilegal se extiende en todas las regiones, aunque con mayor intensidad en algunas zonas específicas.
Sin embargo, se identificó que el problema se ve lejano por gran parte de la población en áreas urbanas, lo que podría influir en la percepción de su impacto directo.
Olcese apuntó que eventos recientes de violencia asociados a la minería ilegal, como el asesinato de 13 personas en Pataz, tuvieron un alcance en todo el país y contribuyeron a reforzar la asociación entre minería y el crimen.
Según datos del Centro Wiñaq, el 56,7 % de encuestados considera que esta actividad fomenta el crimen a nivel nacional, mientras que un 17,6 % cree que lo hace a nivel local.
En otro aspecto, el 65,3 % de encuestados afirma que la minería informal no tiene ningún efecto en sus ingresos. En contraste, un 14,8 % percibe un impacto negativo y un 11,5 %, uno positivo.
«Uno de los lugares donde más está la percepción de impacto negativo de la minería informal es en el Callao», señaló.
Minería ilegal y política
El estudio de Ipsos también recoge la percepción sobre la cercanía entre la minería ilegal y el poder político. Olcese precisó que la ciudadanía considera a la actividad como «muy cercana al poder» y que influye en decisiones políticas desde el punto de vista económico; pero no tendría mayor peso con miras a las Elecciones 2026.
Sin embargo, el análisis advierte que la población que percibe un impacto positivo sí ganaría importancia en el proceso electoral de octubre, donde su influencia podría concentrarse en territorios específicos.
«Ese 11 % sí puede estar, digamos, localizado y ser mayoritario a nivel local, a nivel distrital», precisó.
Otro hallazgo relevante es la percepción de insuficiente acción estatal frente al problema. Según Olcese, el estudio muestra que la ciudadanía considera que el Gobierno no está haciendo lo necesario para enfrentar la minería ilegal, ni en términos de formalización ni de lucha contra la criminalidad.
¿Qué relación existe entre la corrupción y las economías ilegales en el Perú?
Corrupción y economías ilegales avanzan de la mano en el Perú: el 94% de los cuidadanos las vincula directamente, especialmente en actividades como la minería ilegal. Este resultado forma parte de la decimotercera Encuesta Nacional sobre Percepciones de Proética 2025, realizada por IPSOS, con el apoyo de la Cooperación Alemana, el Instituto Bicentenario y Rainforest Foundation Norway, y en alianza con Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el PNUD. Conoce los detalles en el siguiente informe de Geraldine Hernández.
Fuente: RPP.
