Diego Ortega, presidente del SIMPOSIO XVI Encuentro Internacional de Minería, afirmó que el Perú se consolida como actor estratégico en la transición energética global gracias a su producción de minerales críticos, aunque enfrenta el reto de garantizar estabilidad jurídica, sostenibilidad y trazabilidad, en entrevista con la revista MINERÍA & ENERGÍA.
¿Qué oportunidades concretas tiene el Perú para posicionarse como un actor estratégico en la transición energética global en los próximos años?
El Perú ya es un actor estratégico en la transición energética global, no como promesa, sino como realidad. La demanda mundial de cobre, plata y zinc -insumos esenciales para la electrificación, energías renovables y la infraestructura limpia- coloca al país en una posición privilegiada, siendo uno de los principales productores globales de estos minerales, con operaciones modernas en curso y expertise técnico de primer nivel.
Sin embargo, para capitalizar esta ventaja y convertirlo en liderazgo sostenido, el Perú debe consolidar ante los mercados internacionales tres pilares fundamentales: estabilidad jurídica, cumplimiento verificable de estándares ambientales y cadenas de suministro plenamente trazables.
A esto se suma un escenario geopolítico en plena reconfiguración, que abre oportunidades inéditas a proveedores confiables. Esta ventana de oportunidad no es permanente. Por ello, uno de los objetivos centrales del SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería será no solo analizar este escenario, sino impulsar acciones concretas para su máximo aprovechamiento, con visión estratégica.
Desde su perspectiva, ¿qué condiciones de gobernanza y normas regulatorias son indispensables para atraer inversión responsable en proyectos minero-energéticos sostenibles en el tiempo?
Existen tres condiciones esenciales, la primera es la predictibilidad regulatoria con marcos jurídicos estables, reglas claras y procesos de aprobación con plazos razonables, sin reducir la exigencia. La segunda condición es la coordinación institucional para reducir la fragmentación del Estado, eliminar duplicidades y evitar que un proyecto deba transitar por cerca más de 300 normas y múltiples entidades con criterios dispares. Y, en tercer lugar, el respeto irrestricto al Estado de derecho, mediante contratos que se honran y políticas públicas que trascienden los ciclos electorales.
Estas tres condiciones no son aspiracionales, son determinantes. Los países que las garantizan captan inversión y escalan desarrollo, prosperan; aquellos que no, pierden competitividad frente a entornos más confiables.
¿Cómo puede el país equilibrar el desarrollo de sus recursos naturales con los estándares internacionales de sostenibilidad y responsabilidad ambiental?
La clave está en entender que el equilibrio no es una restricción al desarrollo, sino una condición para sostenerlo en el tiempo. Los países que han logrado crecer su producción minera de manera duradera son los que construyeron marcos sólidos de gestión ambiental, no los que los evitaron o flexibilizaron.
Para el Perú, eso implica actuar en dos frentes simultáneos: las empresas deben incorporar estándares de sostenibilidad como parte central de su modelo operativo, eficiencia hídrica, reducción de emisiones, monitoreo en tiempo real, trazabilidad verificable; y el Estado debe fortalecer su capacidad técnica para evaluarlos y certificarlos con credibilidad ante los mercados globales.
El verdadero equilibrio surge cuando la exigencia y la capacidad institucional evolucionan al mismo ritmo.
¿Qué papel deberían asumir el sector privado y el Estado para acelerar la innovación tecnológica en los sectores de minería y energía del país?
El sector minero ya está a la vanguardia, impulsando la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, los sistemas autónomos, la electrificación de equipos y la analítica avanzada de datos. Existen operaciones en el Perú que son referentes globales. El desafío ser escalar esa innovación a todo el ecosistema productivo.
El sector privado debe seguir siendo el motor en adoptar tecnologías limpias, mientras que el Estado debe actuar como habilitador, simplificar regulaciones para tecnologías limpias, reconocer la innovación en los marcos normativos e invertir en la especialización de sus funcionarios.
En un contexto global en transformación, ¿qué riesgos y oportunidades identifica para la competitividad del Perú en los mercados internacionales?
La mayor oportunidad es que el mundo está reorganizando sus cadenas de suministro de minerales críticos y busca proveedores confiables, estables y responsables. El Perú está en vitrina.
El mayor riesgo, en cambio, es interno: la parálisis. Cada proyecto detenido, cada año de incertidumbre regulatoria, tiene un costo concreto en inversión que se desplaza hacia otros países.
En un contexto electoral como el de 2026, ese riesgo se vuelve más visible, los ciclos políticos generan ruido y el capital reacciona con rapidez frente a la incertidumbre.
Aprovechar la oportunidad y mitigar ese riesgo exige una agenda técnica sólida que trascienda la coyuntura, de largo plazo. Precisamente, el SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, busca contribuir a esa agenda, articulando visiones de líderes empresariales, inversionistas y expertos globales.
¿Qué mensaje espera que deje el XVI SIMPOSIO a los líderes empresariales e inversionistas que participarán en este encuentro en Lima?
El Perú se encuentra ante una oportunidad histórica que exige decisiones oportunas y visión estratégica. El contexto –marcado por un año electoral, cambios geopolíticos y una creciente demanda global de minerales críticos – hace de este momento un punto de inflexión.
El mensaje es claro: la minería moderna, innovadora y sostenible no es una aspiración futura, es una realidad en construcción en el Perú.
Bajo el lema «Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro», el SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería se proyecta como el espacio donde esa realidad se consolida, se articula y se presenta al mundo.