El proceso concursal de Doe Run Perú (DRP) atraviesa un nuevo episodio de estancamiento que ha generado la protesta de sus acreedores laborales. Según denunció Luis Cuadrado, representante de los trabajadores de DRP, la demora del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en resolver una apelación pendiente ha paralizado etapas clave del procedimiento, impidiendo que se concrete la gestión de la liquidadora designada.
La controversia se remonta a noviembre 2025, cuando se nombró liquidadora de bolsa a Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. mediante la Resolución N° 9120-2025/CCO-INDECOPI. Sin embargo, en diciembre, el segundo candidato en carrera, Chávez Magán, presentó una apelación contra dicha designación. Aunque el recurso fue admitido el 31 de diciembre, el caso permaneció sin avances sustantivos durante varios meses.
“Indecopi ha dejado dormido el caso desde enero hasta abril”, señaló Cuadrado Cárdenas. Recién la semana pasada, tras la presión ejercida por los trabajadores, el expediente fue elevado a la sala correspondiente, que realizó observaciones y devolvió el trámite a la Secretaría Técnica para subsanaciones.
Trabajadores se movilizaron
Solo después de una movilización de aproximadamente 200 acreedores laborales – realizada el miércoles 15 de abril en los exteriores del Indecopi -, el expediente volvió a ser remitido a la sala, donde aún está pendiente de resolución definitiva.
Esta dilación tiene efectos concretos. Aunque la liquidadora fue formalmente designada, no puede inscribir sus poderes en registros públicos debido a que el nombramiento no está consentido mientras exista una apelación en trámite. Como resultado, el proceso concursal permanece entrampado.
“Registros públicos ya ha observado dos veces la inscripción. Mientras no se resuelva la apelación, la liquidadora no puede actuar plenamente”, explicó Cuadrado.
Para los trabajadores, el problema no radica en quién asuma la liquidación, sino en la urgencia de destrabar el proceso. “Queremos que esto termine. Si ya se nombró a la liquidadora, que se ratifique de una vez para poder avanzar”, sostuvo.
Resulta pertinente señalar que el cumplimiento de las acreencias de 3.500 trabajadores y sus familias depende de la conclusión del proceso concursal iniciado hace 15 años. Dicho pago se liquidará mediante el activo remanente de DRP: un fideicomiso en Scotiabank valorado en cerca de US$20 millones.
A pesar de este panorama, Cuadrado Cárdenas indicó que existe voluntad política desde el Ejecutivo —incluido el Ministerio de Energía y Minas— para avanzar en la solución, aunque condicionada a que la liquidadora esté debidamente reconocida en registros públicos.
En ese contexto, los acreedores laborales exhortaron al Indecopi a emitir cuanto antes una resolución definitiva sobre la apelación. Consideran que se trata de un trámite “simple” que no debería haber tomado meses y cuya demora solo contribuye a prolongar innecesariamente un proceso que ya lleva años.
“Mientras más pase el tiempo, más peligroso se vuelve para nosotros”, advirtió Cuadrado. La expectativa ahora está puesta en que la sala resuelva en el corto plazo y permita reactivar un proceso clave para miles de trabajadores afectados.