En los últimos años, la minería informal en Perú ha experimentado un avance significativo en nuevas zonas del país, generando conflictividad social y tensiones con las empresas mineras formales.
Al respecto, el reporte del 32 Observatorio de Conflictos Mineros en Perú – OCM, ha propuesto diversas medidas para abordar los retos derivados de la minería informal en el país.
Entre ellas destaca la necesidad de fortalecer la presencia del Estado involucrando a los gobiernos regionales y municipales. Asimismo, insta a adoptar una estrategia preventiva en lugar de una respuesta reactiva a los conflictos sociales, anticipándose y desarrollando capacidades para atender y prevenir estas situaciones.
Además subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los derechos de las comunidades locales, buscando soluciones que permitan una gobernanza territorial efectiva.
“Es importante destacar que la mayoría de los conflictos relacionados con la minería no reflejan un rechazo absoluto a esta actividad, sino más bien la demanda de que se respeten los derechos de las comunidades y que se realicen las inversiones mineras de manera responsable y sostenible”, enfatizó José de Echave, investigador de CooperAcción.
“Sin embargo, existe un porcentaje significativo de conflictos que sí refleja un rechazo total a ciertos proyectos, como lo ocurrido en el pasado con Tía María y Tambogrande”, acotó.
Daños ambientales
Al respecto, Mirtha Villanueva, directora de Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible), destacó que «la minería informal opera al margen de la ley, sin contar con los permisos y las normas ambientales necesarias, esto resulta en una explotación descontrolada de los recursos naturales y en graves daños ambientales, como la contaminación de los ríos y la deforestación de áreas protegidas».
Por su parte, David Velasco, director de Fedepaz, consideró que la conflictividad social en torno a las actividades mineras formales e informales en Perú es un tema urgente que requiere atención por parte del Gobierno.
“Es necesario buscar soluciones que garanticen el respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente y una participación real de las comunidades afectadas en las decisiones que afectan su territorio y su modo de vida. Solo así se podrá alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y la justicia social en el país”, agregó.
Altos precios de los minerales
En los últimos años, la minería informal o ilegal se ha convertido en una actividad que atrae a muchas personas y se expande en el país. Al respecto, De Echave sostiene que los altos precios de los minerales son un incentivo para el avance de esta actividad ilegal.
Precisó que actualmente el oro se cotiza en niveles históricos, alcanzando los 1,800 dólares por onza, mientras que el cobre ha mantenido un precio elevado de alrededor de 3.80 dólares por libra. “Estas cotizaciones actúan como incentivos para que los mineros informales se dediquen a la extracción de estos minerales, generando el impulso de estas actividades”, consideró De Echave.
La pandemia también ha desempeñado un papel significativo en el avance de la minería informal en el Perú. Durante el período de confinamiento y paralización de la economía, muchas comunidades y poblaciones retornaron a sus lugares de origen, especialmente en las zonas andinas, y presionaron por desarrollar actividades económicas, incluida la minería.
“La ausencia del Estado ha contribuido a esta situación, permitiendo el crecimiento de la minería informal en nuevas zonas del país”, advirtió De Echave.
Según el investigador de CooperAcción, la magnitud de la minería informal en Perú ha alcanzado niveles preocupantes. Se estima que alrededor de 400,000 personas se dedican a esta actividad, mientras que en la minería formal existen aproximadamente 210,000 trabajadores.
Fuente: ANDINA.