Desde julio de este año, las tarifas eléctricas pagadas por los usuarios chilenos iniciaron un proceso de incremento que en 2025 llegará hasta el 60% en algunas regiones del país. “Hace unos años Chile apostó por el desarrollo de fuentes de generación renovable no convencional como una solución a su déficit energético. Pero se olvidaron de la necesidad de fortalecer el sistema de transmisión y de los costos sistémicos que podía ocasionar la entrada masiva de generación solar. Hoy vemos que lograron contar con energía barata un tercio del día, que es cuando hay generación solar. El resto del día la electricidad es sumamente cara”, señala Carlos Gomero, socio de LQG Energy & Mining Consulting, firma especializada en energía.
De acuerdo con Gomero, el gobierno chileno introdujo una serie de regulaciones e incentivos para favorecer el ingreso de renovables precisamente por la ausencia de fuentes más competitivas. Aun con ello, los precios no han logrado ser más baratos que en el Perú. Y esto se debe a que la matriz eléctrica en nuestro país se basa fundamentalmente en energía hidroeléctrica y energía térmica usando un gas natural que se produce localmente y a un precio fijo, aislado de los precios internacionales.
“Me da la impresión de que se pretende seguir la ruta chilena, sin considerar que en el Perú tenemos condiciones y fuentes de generación más competitivas, que hacen que la regulación deba adecuarse a nuestro entorno. Inclusive, en el proyecto de ley que hoy se discute hay una disposición deja abierta la posibilidad de adjudicar proyectos por bloques horarios independientemente de si el costo total es mayor para el usuario final. Esto no ocurre ni en Chile que apostó agresivamente por la generación solar”. Gomero se refiere concretamente al dictamen del proyecto de Ley 2139/2021-CR y otros, que está pendiente de votación en el pleno del Congreso. Dicho dictamen introduce una serie de incentivos para favorecer la entrada de energías renovables.
De acuerdo con un estudio de Gerens, la incorporación forzosa de renovables que generaría esta norma traería costos adicionales para el sistema eléctrico de aproximadamente $5 mil millones en el periodo 2024-2030. Esto se debe a los llamados “costos sombra”, es decir, los costos resultantes de la necesidad de invertir en infraestructura de almacenamiento, transmisión y distribución eléctrica para adaptase a la intermitencia y otras características propias de la generación renovable.
Luis Miguel Castilla, director de la iniciativa Rumbo Energético de Videnza Instituto y exministro de economía, opina en la misma línea. “El Perú debe transitar gradualmente hacia una mayor participación de renovables en nuestra matriz energética, no obstante, este proceso debe darse de manera ordenada, y sin comprometer la seguridad energética del país ni el bolsillo de los peruanos”,
De acuerdo con Castilla, el Perú ya cuenta con una matriz energética sumamente limpia gracias al gas natural y a la generación hídrica. “Cerca del 90% de la electricidad en Perú se produce con fuentes limpias como el agua o el gas, mientras que otros países son mucho más dependientes de combustibles altamente contaminantes como el carbón o diésel”. Cabe destacar además que tanto la generación en base a gas como la hídrica son fuentes constantes, que no someten al sistema eléctrico a la variabilidad inherente a las renovables, y que por tanto garantizan un nivel de seguridad energética.
Según el exministro de economía, el sector eléctrico es solo responsable por el 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero del Perú, volumen mucho menor al generado por actividades como el transporte o la agricultura. Considerando que las emisiones peruanas representan 0.3% del total a nivel global, las correspondientes a nuestro sector eléctrico peruano son marginales.
Por ello, Castilla considera que, lejos de forzar una transición desordenada a las energías renovables, la agenda del Perú debiera priorizar la profundización de los beneficios del gas natural, un combustible abundante y limpio, que ya ha jugado un rol clave en la transición energética del Perú, y cuya masificación es aún una tarea pendiente.
El dictamen en cuestión se encuentra en la orden del día del Pleno del Congreso, y podría ser debatido en cualquier momento.