Esta semana, la Comisión de Energía y Minas del Congreso someterá a nueva votación el proyecto de ley que plantea incrementar la participación de energías renovables no convencionales (RER) en el suministro de energía, y que fuera rechazado la semana pasada.
Tras su debate, obtuvo nueve votos en contra y ocho a favor, un predictamen basado en un proyecto del Ejecutivo, que busca bajar las tarifas eléctricas al incorporar a más plantas eólicas y solares, sustentado en que tienen menor costo de generación.
Hoy ese tipo de tecnologías renovables no convencionales (también conocidas como RER), tiene una participación promedio del 5% en la generación eléctrica, mientras un 95% es producida por centrales hidroeléctricas y térmicas a gas natural. El Minem busca incrementar la participación de las RER a un 20% en el año 2030.
Tras el rechazo al proyecto en esa comisión, con argumentos como la alta incertidumbre que provocaría la nueva regulación, el Minem expresó su preocupación por tal decisión. Ante ello, en la citada comisión se presentó un pedido de reconsideración para volver a debatir el predictamen, lo que se daría en los siguientes días.
¿Cuál es la posición del COES?
Al respecto, César Butrón, presidente del COES (Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional), advirtió que si se aumenta la participación de las RER, sin adoptar medidas previas, se pondría en riesgo dicho sistema.
Explicó que el inconveniente para incorporar más eólicas y solares, es que su suministro de energía al sistema es muy variable, pues si deja de soplar el viento, hay nubosidad o es de noche, se reduce su producción o dejan de funcionar esas plantas.
Esa dificultad se tendría que compensar, por ejemplo, en el caso de la energía solar, con la incorporación de baterías que suministren la energía cuando no brilla el sol, o con una mayor producción de las energías convencionales (hidroeléctricas y térmicas a gas), añadió.
¿Qué cambios previos necesita la regulación eléctrica?
Sin embargo, advirtió que hoy, la regulación nacional no permite que un inversionista -que no sea un generador ya operando- pueda incorporar baterías a los proyectos de plantas solares, lo cual requiere un cambio regulatorio (si se quisiera aplicar el proyecto de ley en cuestión).
En tal sentido, una alternativa -indicó- sería que hidroeléctricas y térmicas aumenten su producción para compensar los momentos en que eólicas y solares dejen de operar, aunque ello requiere definir primero qué costos adicionales se crearían y quién los asumiría. Para ello se tendría que crear lo que se denomina servicios de compensación, como aplican otros países.
Sin ello, refirió Butrón a Gestión, al incrementarse la producción (y tener que asumir las actuales generadoras su mayor costo) se crearía una inestabilidad económica y eléctrica al sistema, que significarían una amenaza a su sostenibilidad.
Discusión sobre efecto en las tarifas eléctricas
Para el ex viceministro de Energía, Arturo Vásquez, el proyecto de ley pretendería forzar una mayor participación de las RER en el sistema, cuando se trata de tecnologías que no dan confiabilidad al sistema ni garantía de suministro, por las condiciones variables del clima, más aún exacerbadas por fenómenos como El Niño o el cambio climático.
Eso, además, incrementaría el costo en el sistema, porque habría que poner en marcha nuevas inversiones en transmisión eléctrica, para reforzar las zonas que se puedan afectar por la intermitencia en el suministro de eólicas o solares.
Otro error del proyecto, consideró Vásquez, ex jefe de estudios económicos de Osinergmin, es que se fuerza a los distribuidores eléctricos a contratar energías RER a 10 años, cuando el objetivo de esas empresas es garantizar el suministro (sin cortes).
¿Cuánto ha costado el subsidio a las RER?
Además, si en ese lapso la demanda cae, como pasó con la pandemia, el distribuidor tendría que pagarle un subsidio a las RER (para asegurarle ingresos), sostuvo.
Indicó que este último esquema (de otorgar por contrato ingresos garantizados a las RER cuando el precio de la energía no cubre sus costos), se aplica en el país desde el 2013, luego de que se dio la concesión a varias plantas eólicas y solares.
Como tales ingresos garantizados los cubre el Estado, en este caso los usuarios regulados, estos, a través de sus tarifas, han pagado US$1,600 millones en los últimos 11 años para sustentar las operaciones de las RER, aseveró Vásquez.
En esa línea, estimó que si se incorpora a más RER con esas condiciones, los costos de generación se podrían incrementar en 14% y, por consiguiente, las tarifas a los usuarios regulados, se podrían elevar en un 6%.
¿Qué dice el gremio de energías renovables?
Por el contrario, para el presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, Brendan Oviedo, de aprobarse el proyecto de ley, más bien se podría esperar una rebaja en dichas tarifas del 16%, por el menor costo de los nuevos proyectos RER, en comparación a los adjudicados años atrás.
Explicó que en el 2009, en efecto, se adjudicó varios proyectos RER pero a precios de US$200 por cada megavatio hora (Mw/h) que generaran, pero hoy esas tecnologías han reducido costos en un 80%, y podrían suministrar la energía a precios de US$25 por Mw/h.
Refirió que los usuarios pagan tarifas basadas en contratos a largo plazo de unos US$50 por Mw/h.
Fuente: GESTIÓN.