Por: Guillermo Vidalón
Comunicador Social especialista en la Industria Extractiva
¿Cuánto más vamos a esperar para que las inversiones mineras formales por más de 54 mil millones de dólares se ejecuten? Si bien es cierto, los precios de nuestros principales productos de exportación como el cobre y el oro enfrentan un ciclo alcista, esto no garantiza que sus cotizaciones se mantengan en ese nivel de manera sostenida.
¿Qué hacen sostenibles los ingresos generados por la producción minera? El aumento de la producción sea por inversiones para expandir las actuales operaciones o por el incremento de su productividad. También, por el desarrollo de proyectos greenfield y, por supuesto, por una sostenida decisión de inversiones en exploración.
Recientemente, el gremio minero ha informado que las exportaciones mineras ascendieron a $3,989 millones en enero pasado, lo que representa un incremento de 28% con relación a similar mes de 2024, lo cual es muy meritorio. Sin embargo, esta cifra no registra necesariamente toda la riqueza mineral que es comercializada de manera ilegal y que priva de oportunidades de desarrollo a los pueblos y localidades de donde se extraen los minerales de manera irregular.
Cuando por diferentes motivos, válidos o sin sustento alguno, se dificulta del desarrollo de la minería legal, se está privando a las poblaciones más vulnerables de oportunidades de empleo con todos sus beneficios. También, se ocasiona que los diferentes niveles de gobierno carezcan de recursos suficientes como para afrontar el cierre de brechas sociales en sectores como saneamiento, salud, educación, infraestructura de conectividad y vialidad, etc.
En cambio, las localidades y regiones que cuentan con ingresos por canon y regalías mineras tienen un abanico mayor de opciones, desde ejecutar obras por administración directa hasta optar por el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), mediante el cual las empresas asentadas en la zona de influencia pueden invertir en el financiamiento y supervisión indirecta de la ejecución de obras, lo que elimina la posibilidad de corrupción, garantiza la calidad de las obras y, si lo considera por conveniente, hasta el mantenimiento y operación de algunos de los servicios comprendidos.
Estas acciones no pueden llevarse a cabo si entorno a un yacimiento surge la presencia de mineros informales. Al no existir un registro y trazabilidad del mineral extraído, tampoco del lugar donde es procesado, se desconoce si el mineral al cual accedieron los mineros ilegales tiene origen legítimo o ha sido extraído irregularmente de una concesión otorgada legítimamente a un titular. La cantidad de dinero comprometido se incrementa con el aumento de las cotizaciones, lo que da margen a que estos operadores estén en capacidad de corromper o en su defecto extorsionar a más de una autoridad con tal de mantener su accionar.
El riesgo socio ambiental del impacto negativo que ocasiona la minería ilegal es que termine estableciendo zonas excluidas de la acción del estado. A diferencia de la minería formal, que les abre las puertas a todos los organizamos fiscalizadores del estado; en cambio, la minería ilegal impide por la fuerza o el empleo de las armas que la policía nacional, el ministerio público, la defensoría y otros accedan a sus instalaciones.
En consecuencia, si la realidad nos indica que el riesgo de la minería ilegal es muy significativo con relación a la minería formal, los organismos del estado deberían proteger y facilitar el pronto ingreso en operación de la cartera de proyectos. Cierto es que los estudios de impacto ambiental demandan un tiempo para su realización, tampoco se trata de relajar las normas, pero suspender su exigencia hasta recuperar la normalidad significa abrir los ojos ante una realidad que podría asfixiar a todo el país.