Desde hace algunos años, el país viene pasando críticas situaciones a nivel político y social, específicamente en zonas en donde existe la explotación de minerales. Según la Defensoría del Pueblo, hasta junio de este año se registraron 102 conflictos socioambientales activos, de los cuales 24 están relacionados con los hidrocarburos y 66 con la minería. Cabe resaltar que esta misma entidad registró, en junio del año pasado, 60 conflictos sociales relacionados con el sector minero, por lo que se deduce que esta problemática ha ido en aumento.
Ante esta perspectiva, César Kahatt, Senior Vice President y líder de la práctica minera de Marsh indicó que ‘’en la actualidad las empresas mineras de la región están en búsqueda de protegerse ante los problemas que generan los riesgos políticos, esto en consecuencia de problemas sociales en países como Chile y Perú . Sin embargo, hay que indicar que, por la coyuntura, este tipo de seguros son más difíciles de conseguir o de completar capacidades a costos razonables. Además, es preciso aclarar que el seguro por riesgo político tradicional no tiene cobertura sobre perjuicios por paralizaciones sin daños materiales, para ello existe un tipo de póliza especial (Negación de Accesos).
El impacto de la inflación en los seguros
Si bien continúa el aumento en las tasas de los seguros producto de la pandemia y grandes eventos catastróficos en el mundo, hay una tendencia de reducción en los incrementos que se viene registrando en cada trimestre desde el 2021. Al mismo tiempo debido a la actual crisis inflacionaria existe una presión de los reaseguradores para que los mineros ajusten los valores del capital de activos de y gastos de la empresa a la inflación registrada.
Sobre este contexto, el especialista, recomienda que las empresas mineras empiecen a hacer tasaciones de sus activos ya que estos están perdiendo valor conforme el índice de inflación sube y en los seguros el valor a declarar debe representar el valor de reposición a nuevo a la fecha de la suscripción. Además, es fundamental la reestructuración del programa de seguros y el establecimiento de límites de coberturas y deducibles adecuados a los nuevos valores para responder oportunamente ante una situación de emergencia y evitar la aplicación del infraseguro.