El Congreso tiene hasta fines de este mes para aprobar la ley de presupuesto público del 2023. Sin embargo, hasta el momento la Comisión de Presupuesto aún no ha logrado consensuar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un dictamen que pueda ser debatido en el pleno.
A inicios de esta semana la Comisión de Presupuesto tenía planeado aprobar el dictamen correspondiente, sin embargo, un impase con el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, evitó que el documento se termine y por lo tanto, no se discuta en la comisión.
La tarde del lunes último, se debió aprobar el dictamen. Para la elaboración del documento, la Comisión de Presupuesto solicitó mediante una carta al MEF su opinión sobre los pedidos formulados por los congresistas y los sectores, para ser incluidos en el presupuesto público. Sin embargo, el MEF no respondió de manera formal este requerimiento y solo envió un oficio explicando que es responsabilidad de la comisión, y no del MEF, la elaboración de los artículos y el dictamen correspondiente, respetando el equilibrio presupuestal.
Los parlamentarios, miembros de esta comisión, tomaron la respuesta como que el MEF estaba poniéndose de lado en la discusión del presupuesto y el propio presidente de este grupo, José Luna, afirmó que asumían la responsabilidad de hacer un presupuesto que priorice la reactivación de la economía. Se tiene previsto que el viernes 25 se discuta y apruebe dicho dictamen.
Vigilancia del MEF
El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, sin embargo, negó que la respuesta del MEF a la Comisión de Presupuesto signifique haberle dado carta libre para que modifique el presupuesto, ya que los técnicos de la cartera están ofreciendo su asesoría técnica a esta comisión para la elaboración del dictamen.
“En ningún momento el MEF abandonó la discusión presupuestal, pero está claro que el que emite el dictamen final no es el Ejecutivo, sino la Comisión del Presupuesto y Cuenta General de la República, y esta misma la aprueba bajo los parámetros técnicos definidos por el Ministerio de Economía”, dijo.
Sin embargo, Burneo reiteró que no hay manera de tener un debate en el pleno si el dictamen que se presenta no está equilibrado y que los proyectos que se pretendan incluir en el presupuesto tienen que estar alineados con las prioridades de los sectores del Gobierno.
Es decir, si los proyectos no son validados por los sectores, no tendrían el visto bueno para su inclusión. “Si queremos ser serios no se pueden implementar proyectos de inversión si no están alineados con las prioridades sectoriales y eso es competencia del Poder Ejecutivo”, manifestó.
Burneo no descartó que el Gobierno presente una cuestión de confianza sobre la ley de presupuesto del 2023, pues al ser consultado sobre el tema, solo detalló que prefiere no ponerse en un escenario pesimista en el que Congreso aprueba un documento que rompa el equilibrio presupuestal.
Cuestión de negociación
La exministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, afirmó que la inclusión de proyecto dentro del presupuesto público se hace a través de una “negociación” entre la Comisión de Presupuesto y el MEF, pues luego de que se termina la elaboración del presupuesto con los sectores del Poder Ejecutivo, el procedimiento para su aprobación la asume el ministro de Economía y su equipo.
“El congresista presenta un proyecto de su interés, luego se verifica su viabilidad y que esté dentro del margen de la negociación. Si no está en ese margen, ni siquiera pasa. Es una negociación en la que el presidente de la Comisión negocia con el ministro y los sectores no intervienen”, dijo.
Aráoz precisó que usualmente el MEF reserva un margen del presupuesto para que sea negociado con los parlamentarios, pues estos siempre tienen sus propias demandas que buscan incluirlas en la norma.
Claves
Pedidos. Según el MEF, los parlamentarios pretenden incluir en el presupuesto 2023 más de 400 propuestas normativas, de las cuales más de 200 corresponden a medidas remunerativas, con un costo de S/9,000 millones.
Proyectos. Los congresistas solicitaron la inclusión de más de 500 inversiones con un costo aproximado de S/ 8,000 millones. Según el ministerio, todas las solicitudes antes señaladas no cuentan con el financiamiento correspondiente.
Fuente: GESTIÓN.