Los actos de violencia y vandalismo registrados en los últimos días por organizaciones del sector transporte que están impidiendo el libre tránsito de las personas en el territorio nacional, fueron rechazados por gremios empresariales que exigieron el pronto restablecimiento del principio de autoridad para garantizar el acceso a las carreteras.
El presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales, resaltó hoy la necesidad de restablecer el principio de autoridad para garantizar la libre circulación en el territorio nacional.
“No es posible que grupos violentistas impidan el libre tránsito de las personas, además de afectar bienes públicos y privados en diferentes zonas de Ica, Cusco y Arequipa”, declaró.
Mencionó que esta situación está afectando las perspectivas positivas que se tenían sobre el movimiento turístico y económico por Semana Santa.
“Se estaban comprando paquetes para viajar esta fecha, pero ello se está paralizando porque no hay certeza de que se vayan a liberalizar las vías de acceso”, comentó.
Trasfondo político
Lamentó que a pesar de los acuerdos tomados sigan obstruidas las carreteras y que se haya convocado a un paro de Transportes.
“Vemos que los colectivos que organizan este paro persisten en su decisión por lo que vemos un trasfondo político de ir generando inestabilidad social y política, además de desorden, falta de respeto a la autoridad y violencia”, aseveró el líder gremial.
Comentó que las imágenes que hacen noticia hoy sobre el Perú pueden estar desalentando futuros viajes a nuestro país y, con ello, retrasar el proceso de reactivación del turismo nacional.
De otro lado, dijo que toda aquella persona que está en una condición migratoria temporal no debe participar en política. “Si lo hace, debe ser expulsado inmediatamente”, opinó.
Hay personas extranjeras que están siendo utilizadas o que se prestan para atacar a los buses y vehículos particulares, que inclusive han ingresado a robar a los hoteles con turistas, lamentó Canales.
Sector comercio
Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) demandó al gobierno garantizar la seguridad y bienestar de la población frente a los actos de violencia y vandalismo que se vienen registrando en el país, así como garantizar la propiedad pública y privada.
“El Ejecutivo tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de la población, evitar la paralización de las actividades económicas y restablecer el orden garantizando los derechos al libre tránsito y al trabajo que garantizan la Constitución”, manifestó la CCL.
Puntualizó que, de ninguna manera, bajo el argumento de la legítima protesta, se pueden justificar actos de violencia y vandalismo, como el saqueo de locales comerciales, el robo de mercaderías, el ataque e incendio de vehículos, el asalto a pasajeros y transeúntes, además de la amenaza a la integridad de las personas como los ocurridos en las últimas horas y que han quedado registrados en videos.
“Estas actitudes deslegitiman cualquier reclamo, pues ponen en riesgo vidas humanas y el trabajo directo e indirecto de peruanos que necesitan seguir trabajando para sostener a sus familias”, aseveró.
Agroexportadores
En tanto, la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP) condenó y rechazó igualmente los actos de violencia que se están suscitando en el marco del paro convocado por distintos colectivos a nivel nacional debido a la difícil situación que se atraviesa a causa del incremento en el precio de los combustibles, fertilizantes y la canasta básica familiar.
“Lamentamos profundamente las muertes ocurridas durante este paro y nos solidarizamos con los familiares. Instamos a las autoridades a realizar las investigaciones correspondientes y sancionar a quienes resulten responsables”, señaló mediante un comunicado.
Alertamos a las autoridades sobre el fuerte impacto negativo que estas protestas tienen sobre los diferentes sectores económicos y el sector agrario en específico; ya que se viene afectando el acceso de los productos agrarios a los diferentes mercados, lo que viene desencadenando en fuertes pérdidas para los pequeños productores y desabastecimiento para la población, agregó.
Asimismo, subrayó que se viene afectando toda la cadena agroexportadora, al verse imposibilitado el traslado de la producción agraria hacia las diferentes plantas de proceso, puertos y aeropuertos de nuestro país y encareciendo aún más los insumos del campo.
“Exhortamos a las autoridades llegar a una pronta solución para evitar los conflictos que vienen ocurriendo en distintas regiones del país y que atentan contra la paz social, el libre tránsito y la seguridad de los ciudadanos”, enfatizó.
Fuente: ANDINA.