Ante el aumento de la minería ilegal y el impacto que genera en el país, la ley de formalización minera requiere ser modificada, afirmó el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante.
El representante del gremio empresarial precisó que esta mejora en la regulación para la formalización debe ir de la mano con fiscalización y control policial.
“Claramente, la ley de formalización necesita ajustes. No es lógico que coexistan en el mismo país una regulación de primer mundo para un grupo de minería formal, que cumple con los estándares globales, y del otro lado, básicamente, con una declaración jurada que dice que me voy a portar bien, que es el Reinfo, y eso da pie a que se expanda esa actividad y que se le saque la vuelta”, dijo Bustamante en diálogo con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Otras acciones necesarias, apuntó, son la urgencia de fiscalizar y controlar las plantas de procesamiento de mineral, debido a que la minería ilegal utiliza un circuito formal para ello.
“En algún momento se utiliza un circuito formal y ese circuito pasa por estas plantas de tratamiento que reciben oro ilegal, oro del que, por lo menos, no se puede dar sustento de dónde viene. Ahí hay que ejercer la fiscalización”, explicó.
Bustamante señala que también debe haber un monitoreo desde el sistema financiero, que investigue cuando una empresa de micro o pequeña minería está moviendo grandes cantidades de dinero.
Asimismo, el presidente de la Confiep afirma que es necesario profesionalizar y capacitar a los funcionarios de las direcciones regionales de minería (DREM).
“Tenemos que hacer un trabajo articulado. La inteligencia de las fuerzas policiales tiene que reactivarse y ese es el pedido que venimos haciendo porque es fundamental para el país aprovechar estos ciclos (de inversión), pero aprovecharlos bien, que no nos lo tomen los ilegales”, agregó.
El avance de la minería ilegal es de tanta magnitud que, según indican, el Perú produce oficialmente 3 millones de onzas de oro, pero por la frontera y por aduana salen cinco millones. Parte de esa producción ilegal sale por Puno a Bolivia, que sin producir oro ha exportado cerca de un millón de onzas.
Fuente: GESTIÓN