Iván Arenas, gerente general de la consultora Diálogo Social, advirtió que el debate sobre la futura ley MAPE se está desarrollando sin suficiente información sobre el sector y sin una estrategia clara de formalización. Además, especialistas coincidieron en que la formalización y el acceso al sistema financiero son claves para reducir la informalidad y evitar que la minería ilegal siga siendo el principal riesgo de lavado de activos en el país.
Iván Arenas, gerente general de la consultora Diálogo Social, señaló que uno de los principales problemas para diseñar una política pública efectiva para el sector es la falta de información sobre la dimensión real de la minería artesanal y de pequeña escala en el país.
Subrayó que uno de los principales retos para el desarrollo de la MAPE es su baja inclusión financiera, lo que limita el acceso a financiamiento y refuerza los niveles de informalidad.
Durante el panel de discusión, Carlos Casas, director del Centro de Estudios de Minería, Energía y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, señaló que la sola aprobación de una ley no resolverá los problemas estructurales del sector.
Casas indicó que para avanzar en la formalización es necesario generar incentivos concretos, como mecanismos de garantía estatal que faciliten el acceso al crédito para los pequeños productores.
Minería ilegal y riesgos de lavado de activos
Por su parte, Verónica Boza, intendente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), señaló que la minería ilegal se ha consolidado como el principal riesgo para el lavado de activos en el país.
La especialista explicó que “el amplio uso de efectivo imposibilita también la trazabilidad de los flujos financieros ilícitos.”
Boza destacó que la formalización y la bancarización permiten mejorar la transparencia de las operaciones y facilitar el acceso de los productores al sistema financiero. “El hecho de bancarizarse te abre las puertas también al sistema financiero”, puntualizó.
Finalmente, indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha identificado operaciones sospechosas vinculadas a este sector: “En los últimos 10 años hemos recibido más de 6000 reportes de operaciones sospechosas”, añadió.
Estas importantes expresiones sobre la ley MAPE se dieron en el marco de INDUMIN 2026, en la sesión sobre “Ley MAPE: incentivos que formalizan y bancarizan a la MAPE”, un espacio orientado a discutir los mecanismos legales, tributarios y financieros necesarios para promover la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) y mejorar su acceso al sistema financiero.
La sesión fue moderada por César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental.