La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha proyectado que al cierre de este año la producción de cobre podría romper un récord y lograr los 2.7 millones de toneladas, y el año entrante llegar a 2.8 millones de toneladas, pero siempre y cuando las empresas operen en un escenario sin conflictos sociales.
Sin embargo, ya desde noviembre se ha advertido de un incremento en el riesgo de un nuevo ciclo de conflictividad social contra la minería (como la que azotó al país entre fines de 2022 e inicios del 2023), debido a la reanudación de acciones sociales en contra de este sector.
Riesgo actual
Un reciente informe del Observatorio de Conflictos Mineros advierte que en los últimos meses los conflictos sociales ya supera los 220 casos, el número más alto en siete años, y de los cuales, el 67% están vinculados a la minería.
Este incremento de los conflictos va de la mano del aumento de las acciones de protesta colectiva que pasaron de 232 en agosto a 410 en octubre, de los cuales el 42% se concentran en el norte, el 34% en el sur, y el 20% en el centro, señala ese reporte.
Diálogo inconcluso
Sobre el tema, el ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, formuló observaciones respecto a la forma cómo el Gobierno ha venido abordando el manejo de la conflictividad social en el país, vinculada a la minería.
En entrevista a la SNMPE, Castilla consideró que lo fundamental es trabajar una gestión mucho más efectiva del territorio para reducir la incidencia de conflictos sociales.
El manejo de la conflictividad social -indicó- ha conllevado al establecimiento (por parte del Ejecutivo) de mesas de diálogo inconclusas, que usualmente acaban con una serie de compromisos incumplidos.
Empoderar al Minem
Las expectativas defraudadas de la comunidad, añade Castilla – director ejecutivo de Videnza Instituto- tienden a ser caldo de cultivo de la oposición a proyectos, a pesar que éstos tienen beneficios potenciales en las zonas de influencia.
En esa línea, subrayó que se requiere un manejo diligente y proactivo de los conflictos sociales, y para esto se tiene que empoderar al Ministerio de Energía y Minas (Minem) en la materia, para que lidie con estos procesos.
Vale recordar que el Minem tiene una Oficina General de Gestión Social (OGGS), que interviene en situaciones en las que la interacción entre actores vinculados al sector (empresas mineras y comunidades) presenta niveles importantes de conflictividad y riesgo.
Sin embargo, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es, en general, y en mayor instancia, la responsable de la prevención, gestión y solución de controversias, diferencias y conflictos sociales.
Además, conduce los procesos de diálogo, mediación, negociación, u otros mecanismos; con los diversos actores sociales, representantes de instituciones privadas y funcionarios públicos para contribuir a la solución de las controversias y conflictos sociales.
PCM no privilegia se cumplan acuerdos
Sin embargo, observó Castilla, “en la PCM tienden más bien a privilegiar la desactivación del conflicto, y no necesariamente a que se cumplan los acuerdos y menos a que se establezcan las condiciones mínimas para que las inversiones se materialicen”.
En esa línea, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), un reporte de la PCM reconoció este año que la mayor parte de los compromisos sociales pendientes de cumplir (con las comunidades) competen al Estado y en menor medida a las empresas.
¿Quién asume más compromisos?
Ese gremio detalló, citando ese reporte que, de un total de 3,891 compromisos sociales pendientes de cumplir registrados a nivel nacional, 2,724 (el 80%) los asumieron entidades del Gobierno Nacional.
Otros 733 compromisos pendientes fueron ofrecidos por autoridades de gobiernos subnacionales (municipios provinciales o distritales), y una menor cantidad, 434 (el 10%) por las empresas.
Promoción selectiva
Por otro lado, el ex titular del MEF observó que (desde el Gobierno) se promueve la minería formal selectivamente, es decir, solo aquella que tiene bajas probabilidades de enfrentar conflictos sociales.
“Se tienen que crear las condiciones (para promover los proyectos) no solamente a nivel del Gobierno nacional sino también del regional. Y esto está ausente. En este marco, falta mayor voluntad política para incursionar en nuevos proyectos”, aseveró.
Lo que ha centrado la atención (de los empresarios) refirió Castilla, son los proyectos brownfield, las ampliaciones, las optimizaciones, y lo que tenemos son proyectos que no tienen ni la envergadura ni la escala que hemos tenido en el pasado, y esto explica por qué la producción minera no ha aumentado aún más.
“El Perú tiene un enorme potencial minero que no vamos a poder materializar por la falta de voluntad política para sacar adelante los proyectos”, insistió.
Fuente: GESTIÓN.