El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP) expresa su profunda preocupación ante la nueva rebaja de calificación crediticia de Petroperú por parte de la Clasificadora Internacional Moody’s Ratings, que reduce la nota a “Caa1” (equivalente a “CCC+”) desde “B3” (equivalente a “B-”) y cambia la perspectiva a Negativa.
De acuerdo con el propio sustento de Moody’s, esta rebaja se explica, principalmente, por el efecto crediticio negativo de las medidas contenidas en el Decreto de Urgencia N ° 010-2025, incluyendo la potencial segmentación o transferencia de activos mediante estructuras vinculadas a ProInversión. La clasificadora advierte que dichas acciones podrían debilitar la base de activos, elevar riesgos de ejecución y gobernanza y afectar protecciones para acreedores, con especial referencia a activos relacionados con la Refinería Talara, incrementando la incertidumbre sobre la preservación del perfil operativo y financiero de la empresa.
Asimismo, Moody’s remarca la frágil situación financiera de Petroperú: liquidez persistentemente débil, caja limitada (al 30 de septiembre de 2025, US$ 33.9 millones) y obligaciones relevantes de corto plazo (aprox. US$ 400 millones anuales en intereses), además de alta deuda ajustada (aprox. US$ 6.3 mil millones a septiembre de 2025).
Para el STAPP, lo señalado por Moody’s confirma un riesgo que el sindicato viene denunciando: la privatización por partes —mediante el “troceo” o transferencia de activos estratégicos— no fortalece a Petroperú ni resuelve su problema estructural; por el contrario, agrava la incertidumbre, compromete su sostenibilidad y debilita su rol estratégico para la seguridad energética del país.
En esa línea, el STAPP exige que el Gobierno abandone cualquier ruta de “descuartizamiento” de Petroperú y priorice una salida integral y técnica, con medidas que recuperen liquidez, fortalezcan la gobernanza y aseguren la continuidad operativa de los activos estratégicos del Estado.
El secretario general del STAPP, José Luis Saavedra Távara, señala que el Decreto de Urgencia N° 010-2025 no enfrentó el problema de fondo que atraviesa la empresa, y que ello hoy se evidencia en la pérdida de calificación. Precisa que el DU no contribuye a la solución; por el contrario, ha profundizado la crisis y deteriorado aún más la situación de Petroperú. Agrega que esta decisión de Moody’s incrementa la presión financiera sobre la empresa, encarece el acceso a fuentes de financiamiento y afecta la confianza de los agentes del mercado, poniendo en riesgo la sostenibilidad operativa y la continuidad de los activos estratégicos. En ese contexto, solicita al presidente de la República disponer el cambio del ministro de Energía y Minas, del ministro de Economía y Finanzas y del presidente del Consejo de Ministros.
Por su parte, Pedro Castro Balmaceda, secretario de Defensa del STAPP, sostiene que desde el Poder Ejecutivo —en especial desde el MEF— se venía afirmando públicamente que, con el D.U. N.° 010-2025, existiría un acercamiento de inversionistas interesados en refinanciar la deuda de Petroperú; sin embargo, la rebaja de calificación de Moody’s evidencia que ese escenario no se ha materializado. A su juicio, lo ocurrido se enmarca en una ruta coordinada con ProInversión, lo que explicaría la premura por impulsar instrumentos como el Plan Comercial.
En esa misma línea, refiere que diversos actores han expresado públicamente su rechazo a esta narrativa —incluyendo pronunciamientos difundidos por periodistas vinculados a la defensa de Petroperú y una carta de organizaciones sindicales que exige la renuncia de la titular del MEF— y, por la afectación generada y por haber sostenido ante la ciudadanía la existencia de inversionistas interesados, exige la renuncia del Ministro de Economía y Finanzas, del Ministro de Energía y Minas y del Presidente del Consejo de Ministros.