En plena coyuntura de nuevo mando presidencial y desborde social en distintas partes del Perú, es de destacar que nuestra industria minera se mantiene relativamente incólume por el momento, con operaciones de producción y exportación en importantes centros mineros.
La normal continuidad de las actividades en Antamina, Cerro Verde, Toquepala y Volcan, entre otras unidades mineras, permite que el Perú siga encumbrándose como el segundo ofertante mundial de cobre y zinc, el tercero en plata y estaño y el cuarto en plomo y molibdeno.
Recordemos que la minería representa el 10% del PBI, el 60% de las exportaciones, el 13% de la inversión privada y el 20% de la recaudación fiscal, por lo que es fundamental que protejamos este sector que se ha convertido en la punta de lanza de la economía.
De hecho, el que no hayan cesado las faenas mineras es debido a que las manifestaciones están aconteciendo sobre todo en zonas urbanas de la capital y las regiones, donde hemos sido testigos del lamentable accionar contra el orden público, empresas e infraestructura.
No obstante, preocupa los anuncios de nuevos bloqueos del corredor minero y de la presunta invasión a las instalaciones de Antapaccay y Las Bambas por parte de las comunidades de Espinar y Chumbivilcas, como medida de rechazo al Poder Ejecutivo y al Congreso.
Suspender esta importante vía supone no dar salida comercial al 30% de la producción de cobre y también constituye una amenaza para el traslado de insumos y trabajadores, lo que propiciaría la reducción de labores extractivas o el cierre forzado de la operación.
Así, tenemos por ahora que 46 carreteras han sido afectadas por las protestas, de las cuales 28 vías presentan tránsito vehicular totalmente interrumpido y 18 reportan tránsito restringido. En tanto, las mayores interrupciones se observan en Cusco, con diez vías bloqueadas.
Con todo ello, no podemos quedarnos absortos o desentendernos de esta situación, más aún cuando está en juego el futuro de una nación y el crecimiento económico que se proyecta alcanzar en los próximos años a partir de las inversiones en minería y otros sectores.
Por supuesto, es importante dar respuesta a las demandas ciudadanas a través del diálogo, pero también es importante hacer respetar el estado de derecho, la democracia representativa y la institucionalidad, con apoyo de las herramientas legales que concede al Estado la Constitución Política.
Mitigar la crisis política y restaurar la paz social en el Perú requiere un trabajo de inteligencia para identificar a los verdaderos promotores de la violencia y evitar llegar a escenarios terribles donde ya se cuentan siete civiles fallecidos y más de cien policías heridos.
Un primer paso para frenar los actos de violencia, recuperar el orden interno y retomar las actividades productivas ha sido la declaración del estado de emergencia por 30 días, pero se necesita un esfuerzo mayor para garantizar la tranquilidad y seguridad permanente.
En ese sentido, resulta imperativo que se convoque al Acuerdo Nacional, con el propósito de que el gobierno, el parlamento y las organizaciones de la sociedad civil concerten mecanismos para fortalecer la democracia, el estado de derecho y el desarrollo con equidad.
Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, hacemos explícita nuestra voluntad de participar en esta gran mesa de concertación con propuestas que coadyuven al progreso sostenible de los territorios y devolverle la confianza al empresariado en el Estado peruano.