La economía ilegal en el Perú involucra cifras considerables.
Según el libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú” publicado en diciembre del 2022 y elaborado por Capital Humano y Social en cooperación con Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), las economías ilegales mueven al menos (piso estimado) US$ 6,657 millones al año en el país.
La mayor parte es generada por la minería ilegal de oro (US$ 1,777 millones), seguida por la trata de personas (US$ 1,300 millones) y el tráfico ilícito de drogas (US$ 1,134 millones). Dentro de la medición están también contempladas las categorías de tala ilegal (US$ 880 millones), extorsión (US$ 530 millones), pesca ilegal (US$ 300 millones), contrabando (US$ 234 millones), piratería de software (US$ 209 millones) y tráfico de terrenos (US$ 143 millones).
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Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, indicó que la actividad económica ilegal es cada vez más relevante en el Perú, en donde destaca la minería ilegal no solo por el impacto monetario, sino también ambiental y en la seguridad.
Señaló a Madre de Dios como foco de estas operaciones de extracción, principalmente de oro, y Chala (Arequipa), como uno de los centros de comercialización del mineral. Estas últimas zonas son focos de la convulsión social actual en el país, enfatizó Castilla.
“No es fácil de cuantificar. La minería ilegal, en particular de oro, que es más fácil de encontrar, es la actividad más fuerte, la cual incluso se equipara con la minería legal para ese metal. Entre US$ 8,000 millones y US$ 10,000 millones corresponden a las exportaciones de oro y, por la falta de fiscalización y descontrol, un monto similar debe ser ilegal. Solo en Madre de Dios 50 mil hectáreas fueron depredadas”, indicó.
Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el valor (FOB) de exportaciones de oro entre enero y setiembre del año pasado fue de US$ 7,621 millones. En el 2021 fue de US$ 10,121 millones.
Protestas y administración Castillo
Para Castilla, las actividades ilegales, como la vinculada a minería, tienen una relación directa con la convulsión social, pues encuentran en ellas una fuente de financiamiento.
Ello, según su análisis, podría estar relacionando con los ataques directos a oficinas del sector público, como la Fiscalía, en algunas zonas donde se concentraron las protestas violentas.
“Hay información de inteligencia y conocimiento pública, que indica que mucha de la minería ilegal ha estado financiando las protestas en el país, y un punto de mucha violencia ha sido Chala, que está vinculada a esta actividad. Hay un claro afán de desestabilizar el país y obstruir el adecuado funcionamiento de la justicia, lo que se relaciona con que se vulnere, por ejemplo, a la Fiscalía. Esta figura podría repetirse en las protestas de este mes”, indicó.
El excontralor Fuad Khoury coincidió con ello, y señaló los incentivos detrás de esta figura.
“A aquellos que incurren en actividades ilegales les interesa que la situación esté descontrolada, sobre todo los grandes rubros como el narcotráfico o minería ilegal. Hay un interés de que se distraigan las autoridades en otros temas. Esto se mezcla que con aquel financiamiento para esparcir ideología“, afirmó.
El exministro de Economía y Finanzas indicó que, bajo la administración de Pedro Castillo, el despliegue de las actividades económicas ilegales se dio con mayor facilidad.
“Desde los transportistas informales hasta minería ilegal uno ve una proliferación de estas actividades. La falta de control y azuzar a las turbas, pasa por la administración anterior. Con Castillo afuera, se genera convulsión social, quizás en parte por el temor de que estas actividades pierdan fuerza”, añadió.
Por su parte, Fernando Gonzáles, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE) expresó que la mayor tolerancia a estas actividades se expuso más en la anterior administración.
“El 2022 no ha sido un año en el cual el gobierno haya mostrado una intención para luchar contra la economía ilegal. Parece, sin embargo, que ha habido cierta tolerancia contra actividades como la minería ilegal. Cuando ha habido nombramientos en los ministerios de personas cuestionadas o vinculada a actividades ilegales es difícil poder sostener que se esté en contra de estas figuras ilegales Hay acciones específicas que denotan ello como, por ejemplo, se tomó la decisión de retirar a las fuerzas armadas de la lucha contra minería ilegal”, indicó.
Contrabando y corrupción
El economista del IPE refirió que, con base en cifras de Sunat, el nivel de contrabando significó un movimiento económico de US$ 596 millones en el 2021, cifra que podría ser conservadora.
Las fronteras son propensas a desarrollar estas actividades, como Puno, Tacna, Tumbes y Piura, aunque también Callao, debido a la actividad comercial a través del puerto, dijo.
“Por un lado, por la reducción en recaudación de impuestos, y, por otro lado, las empresas ilegales desplazan a las legales reduciendo incentivos a que se operen en ciertos rubros. La cifra podría haber aumentado, si se toma en cuenta el ritmo de crecimiento de la economía”, aseveró.
En cuanto a corrupción, Khoury indicó que, con base en datos de la Contraloría General de República, el perjuicio vinculado a corrupción es de S/ 24,000 millones por año, aunque no es un cálculo definitivo.
“Es imposible saberlo, porque la corrupción tiene distintos niveles.
Sin embargo, por lo general los cálculos que se hacen arrojan cifras altas como las de la Contraloría. Está a todo nivel de gobierno, pero los volúmenes mayores están en el Ejecutivo, donde destacan ministerios como Transportes, Vivienda, Educación y Salud”, agregó.
Redefinir competencias
Castilla hizo énfasis en que la competencia para definir a la pequeña minería o artesanal, e identificar a las que realizan actividades ilegales, es de los gobiernos regionales, aunque estos no han ejercido a cabalidad su rol fiscalizador.
“Se tendría que redefinir las competencias, y que sea mas bien la OEFA, que fiscaliza a la gran minería, la que se ocupe también de las menores escalas, pues los gobiernos regionales han fracasado en ello. Esto es difícil porque implicaría cambios normativos”, reconoció.
Fuente: GESTIÓN.