La ola de violencia que sacude a las ciudades del sur del país se ha contagiado a las operaciones mineras de Cusco y Apurímac, poniendo fin a un periodo de tensa calma en el Corredor Minero.
Víctimas de esta frenesí han sido los campamentos de Constancia (cobre), Antapaccay (cobre) y Anabí (oro), este último incendiado hasta los cimientos el pasado 20 de enero.
Un trágico destino del cual se salvó la mina San Rafael (estaño), en Puno, debido a que su operador (Minsur) decidió ceder a las exigencias de los manifestantes, suspendiendo temporalmente sus operaciones.
De acuerdo a un reciente reporte de Scotiabank, las protestas costarán un punto porcentual a la producción de cobre en el 2023, una estadística que puede empeorar “si se mantiene este clima de conflictividad”.
Como consecuencia de ello, la entidad financiera proyecta una caída en la inversión minera de entre 11% y 20% para este año, con tendencia a “llegar hasta 20%, debido a que no vemos un proyecto importante saliendo en el 2023,” refiere Katherine Salazar, analista de Estudios Económicos.
Esto se suma a la proyección esbozada por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en setiembre pasado – antes de la crítica situación actual – la cual prevé una caída de 18% en el 2023. También por ausencia de proyectos mineros importantes.
De acuerdo al Minem, la inversión minera acumuló US$4.614 millones hasta noviembre, por lo que podría cerrar el año con una cifra igual o ligeramente menor que la del 2021: US$5.263 millones. Sin nuevos proyectos mineros, sin embargo, el horizonte para 2023 luce sombrío. ¿Y es que, verdaderamente, no hay ningún proyecto minero en el radar?
Sin nuevos proyectos mineros, sin embargo, el horizonte en el 2023 luce sombrío. ¿Y es que, verdaderamente, no hay ningún proyecto minero en el radar?
PROYECTOS PARA EL 2023
Scotiabank anota que en el 2022 se esperaba el inicio de construcción de siete proyectos mineros, de los cuales solo uno, San Gabriel (oro), comenzó su desarrollo, aunque con dificultades debido a diferencias con las comunidades de Moquegua.
Pero no está solo. Le acompañan tres proyectos iniciados con anterioridad (en 2018-202) y que se encuentran en avanzado estado de desarrollo: la Ampliación de Toromocho (cobre), con un nivel de avance de 67,8%; la Ampliación Santa María (oro), con 72,9%; y la Ampliación Shouxin (hierro), con 81,2% de avance.
A entender de Salazar, 2023 verá la culminación de estos tres proyectos mineros, aunque con retrasos por el tema de los bloqueos de carreteras, que “impiden el arribo de maquinaria e insumos”.
Por el contrario, ve bastante difícil el inicio de construcción de los cuatro proyectos programados para este año por el Minem: Romina (zinc), en Juín; Corani (plata) en Puno; Magistral (cobre), en Ancash; y Reposición Antamina (cobre), también en Ancash.
En el caso de los dos primeros, por la situación de conflictividad vigente, a lo que se añaden las demoras en el otorgamiento de permisos; y en el caso de los dos últimos porque “aún se encuentran en etapas tempranas de desarrollo”, apunta Salazar.
“Podremos ver algunas inversiones preliminares, como la de San Gabriel, pero creemos que no habrá ninguna inversión fuerte este año proveniente de nuevos proyectos. Por eso estimamos que la caída [de la inversión minera] será de dos dígitos”, remarca la analista.
EL LARGO PLAZO
Otra inversión bastante esperada para este año pero que será de muy difícil ejecución es Zafranal (cobre), proyecto de US$1.263 millones enclavado en el conflictivo Corredor Minero del Sur.
Marita Chappuis, ex directora general de minería, anota que la situación de este proyecto se complica porque Teck – su operador – acaba de anunciar una inversión de US$3.000 millones en Chile.
“Y si hablamos de conflictividad, la situación es la misma en el sur que en el centro, porque otras minas y proyectos como Uchucchacua y Raura (en Lima) y la misma San Gabriel, están teniendo problemas con las comunidades, que les hacen la vida imposible”, remarca.
Por esta razón, propone como una posible solución la militarización de las zonas mineras en conflicto, como el Corredor Minero del Sur, que genera más del 60% del cobre que se produce en el país.
Un reciente reporte de Wood Mackenzie advierte que el Perú será un “disruptor del suministro de minerales” en el mediano y largo plazo, “particularmente para el caso del cobre”.
En su análisis, la consultora considera un posible apaciguamiento de las protestas siguiendo el llamamiento a elecciones programadas para fines del 2023 o inicios del 2024. Anota, sin embargo, que cuando el periodo electoral haya concluido la caótica situación podría reanudarse, lo que afectará nuevamente a la minería en el sur.
No obstante, confía en que las compañías mineras que operan en Perú sabrán lidiar con estas dificultades pues estas se encuentran entre las más sofisticadas globalmente en “el manejo de compromisos comunitarios y obtención de licencia social para operar”.
Un trabajo que se refleja en el desarrollo exitosos de los proyectos Quellaveco (2022) y Mina Justa (2021).
Fuente: EL COMERCIO.