Tras el reciente nombramiento de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como nueva entidad liquidadora de Doe Run Perú (DRP), los acreedores laborales solicitaron que la nueva administración disponga, como primera medida, la realización de una auditoría externa e independiente que evalúe la gestión desarrollada en los últimos años del proceso concursal.
Edgar Beltrán, secretario de Economía de la Asociación de Acreedores Laborales Jubilados de Doe Run Perú, señaló que una auditoría permitiría esclarecer decisiones adoptadas en el pasado, ordenar la información disponible y asegurar que la etapa que se inicia avance bajo criterios de máxima transparencia. El pedido cobra mayor relevancia tras la sanción impuesta por Indecopi al anterior liquidador y a su apoderado por gastos efectuados sin el debido sustento.
Doe Run Perú, empresa minero-metalúrgica que operó el Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza, ingresó en insolvencia en 2009 y desde 2010 se mantiene en un prolongado proceso concursal. A lo largo de este periodo, la compañía ha pasado por distintas fases, varios liquidadores y decisiones administrativas que han tenido un impacto significativo sobre sus activos y obligaciones.
Durante el proceso se ejecutaron daciones en pago, remates y transferencias vinculadas a activos mineros y ambientales, así como decisiones relacionadas con el Plan de Cierre de Minas. Estas operaciones han generado cuestionamientos entre distintos grupos de acreedores, especialmente respecto al manejo de fondos y la administración del fideicomiso ambiental.
Ante este contexto, los acreedores laborales consideran que una auditoría independiente permitiría verificar la documentación de las decisiones adoptadas en etapas previas y establecer un punto de partida claro para la nueva gestión. A su juicio, este ejercicio contribuiría a que las futuras determinaciones se basen en información completa y debidamente contrastada, fortaleciendo la confianza en el desarrollo del proceso concursal.