Por: Dante Guerrero
La International Project Management Association (IPMA), define a un proyecto como un esfuerzo único, temporal, multidisciplinario y organizado para producir los entregables acordados, cumpliendo con los requerimientos y las restricciones predefinidos. Un proyecto se aborda en cualquier sector, como la construcción, energía, transporte, minería, petróleo, tecnología, entre otros. Además, se pueden diferenciar según su objetivo, ejecutores, tamaño, área de influencia o carácter.
Según el Portafolio de Proyectos de ProInversión 2021, existe una cartera de proyectos maduros y en proceso de maduración por un valor mayor a los 8,300 millones de dólares; contemplados en sectores como energía, saneamiento, salud, educación, transportes y comunicaciones, entre otros. De la inversión total, un 57% estaría reservada a los proyectos de la Macro Región Centro, el 35% para los proyectos ubicados en la Macro Región Norte. Finalmente, solo el 8% consignada para los proyectos de la Macro Región Sur.
Entre algunos proyectos a concretar, tenemos la Línea de Transmisión de 500 KV Subestación Piura Nueva; Ferrocarril Huancayo – Huancavelica; Terminal Portuario San Juan de Marcona; Parque Industrial de Ancón; Proyecto de irrigación Majes Siguas II; Terminal Portuario General San Martín; Nueva Refinaría de Talara; Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez; La Línea 2 del Metro de Lima y Callao; entre otros importantes.
Asimismo, uno de los sectores cuyos proyectos también generan beneficio económico para el país, es la minería. Según el Ministerio de Energía y Minas, al finalizar el 2020 y a pesar de la pandemia por COVID-19, el Perú logró superar la proyección de inversión minera de 4,200 millones de dólares, ejecutando 4,334 millones de dólares. Además, según el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025, los cuatro proyectos que iniciarían construcción en 2022 son Corani, Yanacocha Sulfuros, Río Seco y Magistral. También Zafranal (US$ 1,300 millones) en 2023, Los Chancas (US$ 2,600 millones), Trapiche en 2024 (US$ 1,000 millones) y Michiquillay en 2025 (US$ 2,500 millones). Para ello se debe avanzar en los permisos, procedimientos ambientales y procesos de consulta previa.
Sin embargo, debido a la coyuntura y la inestabilidad política que vive el país, las expectativas en la ejecución de estos y otros proyectos no son muy favorables. Existe un clima de desconfianza e incertidumbre que ha generado que la inversión empresarial sea mínima después de muchos años. A pesar de que se ha impulsado la inversión pública, no bastará para generar un desarrollo económico en el país, pues la inversión privada posee la mayor participación en la inversión bruta.
¿Qué estrategias se deberían promover para la ejecución de proyectos en cartera y de otros nuevos en distintos sectores económicos? Un punto de partida sería optimizar el proceso de adjudicación de licitaciones públicas y las Asociaciones Público Privadas – APP, considerando que el retraso en las adjudicaciones se debe principalmente a la falta de capacidad técnica y especializada de los ejecutores. Por lo tanto, se debe suscitar la contratación de empresas y profesionales preparados con conocimientos técnicos en Gestión de Proyectos para evitar retrasos en la etapa de “Formulación y Absolución de Consultas”.
Por otro lado, el tiempo de adjudicación de las APP en el Perú supera los 37 meses, el cual es mucho mayor al tiempo requerido en países que usan el mismo mecanismo de inversión. Por lo que se debe dar mayores facilidades en las normas para hacer el proceso más sencillo y rápido.
Será muy importante priorizar aquellos proyectos que cubran las necesidades de la población y procurar que tengan el tamaño óptimo para tener mejor rendimiento y evitar sobrecostos. De esta manera, se evitarán dificultades durante su ejecución y se contribuirá a impulsar la estabilidad política y económica en el país, para dar confianza a la inversión extranjera.
Autor: Dante Guerrero, Director de la Maestría en Dirección de Proyectos Universidad de Piura – UDEP