El abogado César Ipenza, miembro del Observatorio de Minería Ilegal, participó en el evento “Construyendo INDUMIN: Desafíos para la nueva ley MAPE”, donde presentó propuestas para mejorar el citado proyecto de ley y ofreció una análisis detallado de la situación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
En el evento participaron además Miyanou Dufour, Socia del Estudio Hernández y Cía.; Antonio Samaniego, consultor corporativo de SRK; Miguel Incháustegui, director de Asuntos Sociales y Corporativos de Pan American Silver Corp; y Cecilia Julcarima, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería de Pequeña Escala (SONAMIPE)
Durante su presentación, Ipenza advirtió que uno de los principales problemas del REINFO es que permite la comercialización sin contrato. “La mayor parte de inscripciones en el REINFO se superponen con concesiones otorgadas a terceros de la misma ley MAPE”, afirmó.
Asimismo, detalló que, si no existe acuerdo entre los mineros en proceso de formalización y los titulares formales de las concesiones, el procedimiento no puede culminar. “Si el Estado peruano aplicara de manera diligente sus propias normas: ¿cuántos REINFO tendrían que ser excluidos?”, cuestionó.
De igual manera, indicó un pésimo panorama de este proceso dado que solo el 7 % de inscritos en el REINFO son titulares de concesiones y el 93 % restante desarrolla actividades en concesiones ajenas.
“Lo que se viene es un debate público sobre el proceso de formalización minera, pero en el contexto electoral, incluso más fuerte de lo que vimos en el 2024 y 2025”, añadió.
Propuestas para la Ley MAPE
El especialista cuestionó que el predictamen de la ley de la Minería Pequeña y Artesanal (Ley MAPE) sea, en la práctica, una norma de formalización más que de regulación integral, ya que incluye la minería en cuerpos de agua y un capitulo sobre la servidumbre minera.
Por ello, brindó propuestas que deberían incluirse en este proyecto para mejorarlo, como, por ejemplo, realizar la diferenciación entre pequeños mineros y mineros artesanales de la mediana o gran minería e impulsar el fortalecimiento de un proceso ordinario de formalización; una fiscalización de las actividades y plantas de beneficio por el Gobierno Central, con supervisión de OEFA, OSINERGMIN y los organismos competentes en el sector.
Además, que el Ministerio de Energía y Minas asuma la rectoría de la formalización minera, con mecanismos efectivos anticorrupción; la existencia de obligaciones generales y compromisos ambientales fiscalizables; y la creación de zonas especiales para la pequeña minería y minería artesanal.
Por último, la creación de un registro real bajo un sistema efectivo de control de los comercializadores y productores de oro, así como procesadores o transformadores de oro; fomento del uso de tecnologías limpias, particularmente asociado a la reducción y eliminación de uso de mercurio y mayor control de combustibles; disposiciones relacionadas al delito de minería ilegal; entre otros.