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20 de mayo de 2022
Minería

Cierre de minas: Minem publica proyecto de modificación del reglamento

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que dicta disposiciones para la modificación del Reglamento para el Cierre de Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-EM, así como su Exposición de Motivos.

A través de la Resolución Ministerial Nº 020-2022-MINEM/DM, se establece un plazo de quince días hábiles, contados a partir de este jueves 20 de enero, a fin de que los interesados remitan sus opiniones y sugerencias a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.

“Los proyectos de normas que regulen asuntos ambientales generales o que tengan efectos ambientales serán puestos en conocimiento del público para recibir opiniones y sugerencias de los interesados”, explica la resolución. El documento lleva la firma del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro.

El Minem tiene entre sus funciones específicas promover la inversión sostenible y las actividades del sector, así como ejercer la potestad de autoridad sectorial ambiental para las actividades de minería, en concordancia con los lineamientos de política y sus propias normas nacionales establecidas.

Ayacucho: comunidades insisten con el cierre de minas

Comunidades de Ayacucho retomaron sus protestas contra las operaciones de las unidades mineras Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada luego de que el Ejecutivo dispusiera la creación de un Grupo de Trabajo para el desarrollo de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en la zona de influencia.

En opinión de los lugareños, la Resolución Ministerial N° 010-2022-PCM, que brinda 180 días a este grupo de trabajo para presentar un informe final “no cumple con los requisitos acordados” durante la mesa de diálogo en Coracora, del pasado 19 de noviembre.

En este sentido, reiteraron su pedido de creación de una “comisión ejecutiva” que cumpla con los 90 días ofrecidos por el Gobierno para el cierre de las cuatro minas, y no de un “grupo de trabajo” para el desarrollo ambiental y social.

Fuente: LA REPÚBLICA.

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