“La minería es un socio transformador para el desarrollo y generador de bienestar, pero requiere de normas claras y estabilidad jurídica”, expresó José Augusto Palma, presidente del 14 Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre durante la clausura del evento que organizó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Al respecto, indicó que el sector minero tiende la mano al Estado para realizar un trabajo en conjunto, y aprovechar el increíble momento del precio de los minerales, y transformarlo en oportunidades de desarrollo para toda la población, buscando consensos en lugar de conflictos.
Y es que de acuerdo al último informe de Defensoría del Pueblo, a la fecha, ya suman 209 el número de conflictos sociales en Perú, el mayor número desde que Pedro Castillo ocupa el sillón de Pizarro.
Según Palma, Apoyo Consultoría estima que los conflictos sociales reducirán el valor de las exportaciones mineras en US$ 650 millones de en el 2022, lo que significa que el Estado dejará de percibir US$ 280 millones de dólares.
Para ello, anotó que es necesario retomar el diálogo abierto y sincero, comprendiendo los objetivos en común como son: mejorar la calidad de vida de la población, crear oportunidades de empleo y desarrollo, garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y la biodiversidad, y crear riqueza que beneficie a todas y todos los peruanos.
La minería -agregó- tiene un rol protagónico, en la transición del mundo hacia una economía verde, menos contaminante y más respetuosa con el planeta, dijo al afirmar que el Perú está en la posición incomparable de aprovechar las oportunidades de las riquezas en cobre, pero también en otros metales como la plata, el oro y el zinc.
La minería formal ha avanzado mucho en la sostenibilidad ambiental, social y de buena gobernanza (ESG). “Hemos visto múltiples ejemplos de ello en las mesas donde han participado las empresas líderes de oro, plata y cobre”, refirió Palma.
Pero, “desafortunadamente, es notable el debilitamiento del Estado para enfrentar los conflictos que están afectando a toda la sociedad y a nuestra capacidad, como país, de reactivar la economía, garantizar la seguridad de la población y generar empleo. Ante la ausencia de un Estado con autoridad, se está normalizando el conflicto y la violencia, como forma de presión y como negocio”.
En este contexto, manifestó que la incapacidad del Estado para invertir los recursos que genera la minería, en favor de los ciudadanos, genera en el sector una crisis de credibilidad, azuzada, en ocasiones, por el propio Gobierno.
En la clausura también estuvieron presentes Jean Paul Benavente García, gobernador regional del Cusco, Manuel Felipe Llempén, gobernador regional de La Libertad y Zenón Cuevas, gobernador regional de Moquegua. Benavente García resaltó que el Simposium es un espacio de diálogo y reflexión de una minería sostenible.
Por su parte el gobernador de La Libertad, indicó que su región le abre las puertas a la minería sostenible. Igualmente, Zenón Cuevas destaco que la minería moderna y responsable significa una oportunidad de desarrollo para el Perú.
Fuente: GESTIÓN.