Según 3 voceros de la AFD, que se reunieron con la prensa nacional, incluido Diario Gestión, aguardan el inicio del próximo gobierno para conversar sobre un eje que consideran clave: la minería ilegal.
Específicamente señalaron que se trata de uno de los nuevos ejes que buscarán consolidar en su vínculo con el Perú en los años siguientes. En estos 10 años han colaborando en 46 proyectos, otorgando 868 millones de euros en préstamos.
Interés mutuo
Los voceros de la AFD comentaron que, en el marco de su aniversario de presencia en el Perú, han decidido, aparte de reforzar sus frentes de cooperación, ya existentes, apostar por apoyar al país a enfrentar el narcotráfico, el lavado de activos y también la minería ilegal.
“Nos interesa porque no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que no hay desarrollo sin seguridad. Esos problemas también son parte de los intereses de Francia. Todo lo vinculado a economías ilegales”, comentó Philippe Serres, director regional de la AFD para la Zona Andina.
Serres reveló que, como un antecedente, ya se encuentran trabajando con Ecuador para desarrollar un observatorio de la minería ilegal, que reconozca las zonas de afectación con facilidad. Algo muy similar han aplicado en la Guyana Francesa, también en esta zona del mundo. No descartan replicar esa experiencia en Perú.
“En Guyana existe [un observatorio] para identificar de forma muy precisa dónde están las zonas de minería ilegal. Basándonos en esa experiencia, queremos hacer algo similar en Ecuador, trayendo expertos de Francia. Podemos imaginar lo mismo para Perú. También tenemos todo un sistema de seguimiento al lavado de activos”, recalcó.
De izquierda a derecha: Philippe Serres, director regional de la AFD para la Zona Andina; Xavier Mesnard, director país Perú de la AFD; y Alain Humen, director adjunto para América Latina de la AFD. Foto: AFD.
Este diario también le consultó directamente a la AFD por otro asunto vinculado: un aporte directo de recursos a los gobiernos subnacionales para la formalización minera y el combate a la minería ilegal.
Este no es un aspecto menor, ya que, como vale la pena recordar, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha delegado esta responsabilidad a los gobiernos regionales en el pasado, quienes acusaron falta de dinero para intensificar sus trabajos de fiscalización, especialmente con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) activo.
Sobre ello, Xavier Mesnard, director país Perú de la AFD, recordó que, por disposición de las leyes peruanas, gobiernos regionales y municipalidades no pueden tomar préstamos directos de organismos como el suyo, salvo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero no cierra la puerta a esta posibilidad.
“Sí podemos brindar un financiamiento que llamamos de políticas públicas. Es un financiamiento presupuestal, el dinero va directo al MEF, pero los desembolsos están sujetos a cumplir criterios que podrían ser, en este caso, para habilitar presupuesto”, sostuvo.
Algo similar ya lograron, agregó, en estos 10 años con el financiamiento de viviendas verdes, a través del Fondo Mi Vivienda (FMV).
Esperarán al próximo gobierno
Mesnard también indicó que, durante estos meses finales del gobierno de José Balcázar, ya han tenido acercamientos con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y también con el Alto Comisionado del Combate a la Minería Ilegal, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Ese puesto hoy lo ocupa Rodolfo García.
Producto de esos diálogos, la AFD conoce detalles de los planes específicos que han desarrollado ambas entidades. En el caso de la SBS, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y en el caso de la PCM de su estrategia de combate directo.
“Nosotros podemos brindarles dos cosas. Uno, financiación para implementar esos planes y dos, la asistencia técnica o consultorías con expertos que pueden venir desde Francia. Así queremos asegurar al Estado su paquete de estructuración e implementación de las reformas que ya tienen previsto”, explicó Mesnard al respecto.
La AFD explicó que su foco en la minería ilegal responde también a que buscan proteger la biodiversidad de la Amazonía, aspecto clave en su propósito institucional. (Foto: Andina).
A pesar de lo anterior, el vocero de la AFD remarcó que aguardarán al cambio de gobierno para seguir dialogando sobre estos planes, tanto el de la SBS como el que dirige la PCM, ya que podrían fortalecerse o modificare tras el arribo de nuevas autoridades en el Ejecutivo.
“Es un eje nuevo también para nosotros y por eso venimos diseñando nuestra propia estrategia. Pero también debemos mencionar que vamos a esperar a ver cuáles serán las prioridades del nuevo gobierno hacia fin del 2026. Esto pasa por definir políticas nacionales y eso lo define el Estado, no nosotros”, aclaró.
Philippe Serres agregó que, como parte de su diseño, en la AFD recientemente se han asociado con otra división del gobierno francés: Expertise France, que tiene mayor experiencia en asuntos de seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación policial y judicial. Esta alianza podría sumar a los objetivos en Perú sobre minería ilegal.
Los otros frentes destacados
Como se mencionó, uno de los aspectos destacados de la colaboración en la última década entre la AFD y el Perú tienen que ver con el apoyo financiero a la construcción de viviendas, a través del FMV. Su trabajo desde el 2015, aseguraron, permitió que luego la entidad diseñara el programa específico que ahora se conoce como MiVivienda Verde.
Según detalló Alain Humen, director adjunto para América Latina de la AFD, han colaborado con la construcción de 134 mil viviendas sociales ecológicas, un aporte que consideran relevante y que buscarán reforzar en los próximos años.
“Como agencia de Francia, también podemos movilizar fondos de la Unión Europea. Con el FMV hemos logrado mover 10 millones de euros en fondos no reembolsables de la UE que sirvieron para crear la certificación de Mi Vivienda Verde”, resaltó.
Otros aspectos de colaboración han sido con microfinancieras, especialmente las Cajas Huancayo y Cusco, para contribuir directamente al desarrollo de negocios, particularmente fuera de Lima, alentando la inclusión financiera.
Fuente: GESTIÓN.