El pleno del Congreso dio luz verde al régimen especial de depreciación acelerada para construcciones, norma que forma parte del plan de reactivación “Impulso Perú” planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El objetivo es que los contribuyentes del régimen general del Impuesto a la Renta (IR) puedan depreciar aceleradamente bienes. Tiene como finalidad promover la inversión privada y otorgar mayor liquidez.
La norma señala que, a partir del 2023, los edificios y construcciones se podrán depreciar en un porcentaje anual de hasta 33.33%, que podrá usarse para la deducción del Impuesto a la Renta, lo que permitiría una mayor liquidez para el desarrollador inmobiliario. Estos bienes tienen que ser destinados exclusivamente al “desarrollo empresarial”.
Especifica que, para acogerse, la construcción debe haberse iniciado a partir del 1 de enero del 2023 y contar con licencia de edificación. Asimismo, señala que, para acceder al beneficio, la construcción deberá tener un avance de obra de por lo menos el 80% al 31 de diciembre del 2024.
Impacto sería acotado
Según Jorge Arévalo, gerente general de Capeco, hay precisiones clave por hacer, aunque no espera un impacto notorio.
En primer lugar, señaló que se debe definir qué corresponde a desarrollo empresarial, pues puede ocupar segmentos como plantas industriales, oficinas, vivienda en alquiler, entre otros.
“La norma no es nueva, pues ya se aplicó por el COVID-19 (cuando se acogieron 20 contribuyentes del sector), y no tuvo un impacto significativo. Se entiende que es optativa y que se puede depreciar un porcentaje menor al 33.33% y repartirlo en más años. Se debe precisar esto, pues si se está arrastrando una pérdida, esa depreciación no ayuda en nada en ese momento. Entonces, se debe asegurar si esa deducción en el IR se puede patear para años en donde se tenga resultados mejores”, afirmó.
Indicó que el límite del impacto de la norma radicaría sobre todo en el poco tiempo que se establece para acceder al beneficio, más aún en un marco de posible adelanto de elecciones y de incertidumbre que afronta el sector. Analistas ya advirtieron ello.
“La limitante es que la licencia de construcción debe ser aprobada en enero del 2023 y llegar al 2024 con el 80% (de avance). Son tiempos cortos teniendo en cuenta que muchos son proyectos de largo desarrollo, y habrá nuevas autoridades municipales, que son los que aprueban (licencias), hay una barrera”, agregó Arévalo.
David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, indica que la medida es de corto plazo. No espera que tenga gran impacto en un escenario de incertidumbre política.
“En el largo plazo, el efecto en principio es neutro, pues si bien ahora da liquidez que es importante, en los siguientes años no habría ningún tipo de descuento por ese lado. Parcialmente podría tener un impacto en la inversión”, opinó.
Gonzalo Llosa, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, indicó también que es clave recuperar la confianza de las firmas. De forma particular, señaló que no habría gran efecto en la inversión en el segmento de oficinas por la sobre oferta que hay.
“El sector inmobiliario de oficinas, al menos en Lima, ya ha tenido indicios de excesos de oferta que se ahondaron con la pandemia en la medida que muchas empresas han buscado un modelo híbrido, reduciendo así el espacio alquilado. Entonces, con esta figura de mercado saturado, no se vería tanto impulso en la inversión como se plantea, a pesar de esta mayor liquidez”, apuntó.
Beneficios para exploración minera
Al igual que con la anterior medida, el Congreso aprobó el
proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, para prorrogar por cinco años más los beneficios a la exploración minera y de hidrocarburos.
Así, se dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal para la exploración en las actividades mineras y de hidrocarburos, y propiciar de esta forma el desarrollo de nuevos proyectos de inversión.
Rómulo Mucho, exviceministro de Minas, mencionó que el esfuerzo no es suficiente para sacar inversiones adelante. Destacó la naturaleza incierta de las operaciones de exploración (no se puede asegurar que se encuentre el mineral), por lo que es más difícil desplegarlas en un entorno de desconfianza empresarial.
“El esfuerzo es loable, pero no es suficiente pues no se tiene la confianza para gatillar inversiones de este tipo. En exploración, muchas veces se encuentra (mineral) y otras no. Es un costo que no genera retorno”, precisó.
Tuesta y Llosa coincidieron en este punto y resaltaron la sensibilidad de la inversión minera a la volatilidad política.
“Es una medida que da señales en una situación de incertidumbre para la inversión privada, pero no es un factor determinante para promoverla. Nos vemos en desventaja frente a otros países mineros. Se estaría a la espera de un clima de mayor tranquilidad y predictibilidad. Los conflictos sociales también son un tema que desalienta a la inversión, por lo que ahí deben estar también las soluciones”, dijo Tuesta.
Mucho agregó que sería clave dirigir esfuerzos a flexibilizar los procesos para aprobar un proyecto de exploración. Los proyectos, durante la fase exploratoria, solicitan diversos permisos antes de iniciar actividades. Se pueden diferencias etapas vinculadas a Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), Consulta Previa Preliminar (CPP) y Autorización de Inicio de Exploración (AIE).
“Facilitar los trámites debería ser también parte de la agenda. Son procesos que se han vuelto más complejos o duros con los años. Hay países, como Canadá y Chile, donde hay mayor flexibilidad”, aseveró Mucho.
Fuente: GESTIÓN.