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12 de diciembre de 2024
Actualidad

IIMP condena nuevo atentado contra Minera Poderosa y exige acción por parte del Gobierno

En la madrugada del jueves 11 de julio, las instalaciones de Minera Poderosa fueron brutalmente atacadas, nuevamente, por un grupo de delincuentes armados con armas de guerra. Durante este cobarde ataque, dispararon contra los agentes de vigilancia privada, resultando tres heridos por esquirlas y el secuestro de otro colaborador, quien fue retenido por los mineros ilegales durante seis horas.

El Instituto de Ingenieros Mineros del Perú condena enérgicamente este nuevo ataque y expresa su profunda preocupación por la inacción del gobierno ante la escalada de violencia en la región La Libertad. A pesar del estado de emergencia y contar con un contingente significativo de fuerzas del orden, estos actos de violencia y delincuencia siguen ocurriendo, lo cual es inaceptable. Los delincuentes mantienen el control del Nivel 2820 de Minera Poderosa, bloqueando las conexiones y evitando el ingreso del personal de la empresa y sus contratistas.

En diciembre pasado, la compañía sufrió un ataque similar, que resultó en la pérdida trágica de nueve de sus colaboradores. A lo largo de los últimos meses, ha enfrentado continuas amenazas y atentados contra sus instalaciones y la infraestructura crítica, incluyendo ataques contras sus torres de alta tensión esenciales para sus operaciones.

Pese a las acciones delincuenciales que se multiplican en la región, las operaciones de interdicción de bocaminas ilegales a cargo de la Policía de medio ambiente fueron suspendidas hace dos meses. La compañía ha hecho repetidos llamados para que estas se retomen, sin embargo, las autoridades no han retomado estas operaciones, ni han ingresado a las galerías subterráneas para desalojar a los mineros ilegales que mantienen ocupadas veinticinco galerías, comprometiendo la continuidad de nuestras operaciones y la seguridad de nuestro personal.

Además, bajo el amparo del Reinfo, continúa el transporte de mineral ilícito desde nuestras concesiones hacia plantas de beneficio en la costa, muchas de las cuales operan de manera formal.

Instamos al Gobierno a actuar de manera decidida y efectiva para restaurar el orden y garantizar la seguridad en la región. No podemos permitir que la inacción perpetúe esta situación de inseguridad y violencia.

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