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25 de mayo de 2024
Minería

¿Insuficientes Recursos o Inadecuada Gestión Presupuestal?

Por: Miguel Ángel Soto

Socio en Rubio Leguía Normand

Es común que se generen conflictos sociales en torno al desarrollo de proyectos, especialmente en aquellos que generan una transformación brusca en las dinámicas sociales y económicas, como los mineros. Así, como parte de las demandas sociales suele afirmarse que las empresas no generarían suficientes recursos que permitan el desarrollo y bienestar de las poblaciones aledañas, aduciéndose que no tributan lo suficiente al no verse reflejado en, por ejemplo, la provisión adecuada de servicios básicos.

SIGNIFICATIVA CONTRIBUCIÓN

Ahora bien, la última década ha demostrado que la actividad minera tuvo un efecto positivo en la economía nacional (macro), dado que representó tanto un impacto directo sobre el crecimiento de la producción nacional, permitiendo mantener una balanza comercial positiva, como indirecto, respecto a las actividades conexas a la minería. Ello se tradujo en que la minería contribuyó de manera significativa a la recaudación nacional a través de los tributos.

En contraste, y en base a resultados de la Encuesta Nacional de Hogares publicado en 2021 (INEI), también es cierto que en las regiones con mayor porcentaje de pobreza (Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Huánuco, Cajamarca, Apurímac y Cusco) se desarrollan importantes proyectos mineros.

Entonces, nos encontramos frente a una paradoja donde la inversión privada, y consecuente generación de mayor presupuesto en las regiones, no se traduce en desarrollo, y ello se refleja en el día a día de las poblaciones de las áreas de influencia de los proyectos mineros.

PERCEPCIÓN NEGATIVA

De ahí que no sea ajeno el hecho que se forme una percepción negativa sobre la distribución de la riqueza que se genera como producto de la referida actividad extractiva. Ello provoca una serie de conflictos sociales donde se demanda implementar mecanismos de distribución directa de recursos (bonos, compensaciones, participación en las utilidades, etc.) o el incremento de las transferencias hacia las regiones de los tributos recaudados que, como veremos, no son la solución a esta problemática.

La débil presencia gubernamental -incluso regional- en las zonas mineras genera, inevitablemente, que esa percepción negativa se traslade a las empresas. Sin embargo, lo que ocurre es que la falta de capacidad en la gestión pública de dichas autoridades provoca que el presupuesto no sea invertido o, incluso, se destine a proyectos que no resultan viables o sostenibles; reforzando la percepción de que la actividad minera no genera beneficios locales.

Entonces, la solución no es modificar el régimen para permitir mayores transferencias de recursos, sino fortalecer las capacidades de gestión de las autoridades a fin de que inviertan eficientemente lo transferido, lo que permitirá generar una mejor calidad de vida para la población y reducir la ocurrencia de conflictos sociales.

Al respecto, vale la pena evaluar el periodo comprendido entre los años 2008 y 2017, donde los gobiernos regionales y locales tuvieron un nivel de ejecución de aproximadamente el 64.9% de los recursos que les fueron transferidos por concepto de canon y regalías de actividades extractivas, pese a que su nivel de ejecución presupuestal total llegó al 78.5%.

La diferencia en el desempeño se debe a que, a diferencia de lo transferido por canon, los recursos transferidos por otros conceptos desde el gobierno central tienen que ser revertidos a éste en caso de no invertirlos, por lo que las autoridades ponen mayor énfasis en estos últimos.

PROBLEMA POR RESOLVER

En tal sentido, el principal problema a resolver es el de la insuficiente capacidad de gestión a nivel subnacional, para lo cual sería importante que los recursos no solo sean destinados a financiar infraestructura, sino también para fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales y que ello redunde en proyectos sostenibles. Nuevamente, la solución no está asociada a una necesidad de mayores ingresos sino a una gestión eficiente de los recursos con que ya se cuentan.

DESARROLLAR CAPACIDADES

A modo de conclusión, la percepción negativa de la población por una aparente falta de recursos para desarrollar proyectos de inversión pública que dinamicen las economías locales, en realidad se debe a una ineficiente gestión del presupuesto, producto de la falta de capacidad institucional y técnica en los gobiernos subnacionales.

Los montos no ejecutados en el presupuesto por las autoridades locales revelan ello. Entonces, los cambios en el actual régimen no deben orientarse a incrementar la transferencia de recursos, sino permitir -ya sea desde el gobierno central o bajo su supervisión- que dichos recursos también puedan emplearse para financiar el desarrollo de capacidades de gestión pública en los gobiernos locales. Ello generará que una ejecución eficiente del presupuesto, desarrollándose proyectos factibles económica y socialmente, permitiendo así a la población percibir que los recursos generados por las actividades mineras redundan en su bienestar.

 

Fuente: REVISTA MINERÍA&ENERGÍA

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