Por: Juan Pablo Granda, director ejecutivo de LemonTech
La escala y complejidad de un proyecto minero en Perú obliga a sus directivos a mantener un control riguroso en terreno. Por eso, la continuidad operacional se resguarda principalmente a través de licencias ambientales, como la Certificación Ambiental que otorga el SENACE, y contratos con proveedores críticos. Sin embargo, basta un retraso en la renovación de un permiso o una brecha de cumplimiento ante el OEFA o el Ministerio de Energía y Minas para paralizar operaciones y generar pérdidas millonarias. De ahí que la gestión jurídica de una compañía minera ya no se limite a lo administrativo: se convierte en un escudo de resiliencia y una salvaguarda ante riesgos.
El error de la alta dirección radica en tratar los acuerdos como archivos estáticos que dan tranquilidad formal, pero carecen de utilidad ante fiscalizaciones imprevistas. Según el sondeo Retos y Perspectivas para Gerencias Legales Latam 2025, de LemonTech y la Asociación Latinoamericana de Gerencias Legales (GL LATAM, Capítulo México), la minería es el segundo sector con mayor complejidad regulatoria percibida en la región, con un 79% de relevancia, solo detrás de energía. Asimismo, el seguimiento de disputas, casos y litigios se ubica entre las prioridades más altas para las gerencias legales latinoamericanas, con un 68% de menciones.
Cuando la información contractual está fragmentada en sistemas desconectados, las gerencias asumen una postura reactiva que agrava la falta de trazabilidad. El estudio revela que el 76% de las gerencias legales en la región opera con equipos pequeños o medianos, de entre 1 y 8 personas, para administrar un volumen creciente de requerimientos. Esta sobrecarga eleva la probabilidad de omisiones en vencimientos de pólizas de garantía o de autorizaciones indispensables para sostener la faena, como las relacionadas con el cierre de minas o el uso de agua.
Incorporar gestión contractual y analítica avanzada permite estructurar los datos históricos para mitigar riesgos operacionales. Al automatizar las alertas de vencimientos, se anticipan contingencias regulatorias y se resguarda la continuidad de las faenas. No se trata solo de sumar tecnología, sino de habilitar flujos eficientes que den trazabilidad auditable ante fiscalizaciones.
El principal obstáculo para adoptar estas soluciones es la falta de presupuesto, barrera señalada por el 31% de las gerencias legales encuestadas. Para justificar la inversión es indispensable que el departamento jurídico mida su desempeño con indicadores de rendimiento: el sondeo revela que el 45% de los abogados corporativos no tiene KPIs definidos, una debilidad que impide demostrar cómo la prevención de conflictos evita pérdidas financieras para la compañía.
La protección de la faena comienza en la estructura de sus acuerdos comerciales. Centralizar los contratos y agilizar la redacción de documentos permite reducir la carga administrativa del equipo legal, de este modo, los profesionales del derecho enfocan su análisis en la toma de decisiones estratégicas para fortalecer la sostenibilidad del sector minero peruano.