El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) promulgó la modificación del artículo 94 de la Ley de Concesiones Eléctricas, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y priorizar la protección de la vida y la salud de la población, a través de la mejora y modernización del alumbrado público en vías identificadas con altos índices de criminalidad.
La identificación de las áreas de intervención se realizará sobre la base de información técnica proveniente del Sistema Integrado de Estadísticas de Criminalidad y Seguridad Ciudadana (DATACRIM), gestionado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
En ese marco, el MINEM articulará con las empresas distribuidoras eléctricas la implementación de soluciones de iluminación disuasiva con pertinencia territorial y enfoque técnico especializado.
Componentes principales de la medida
- Transición tecnológica, promoviendo el reemplazo progresivo de luminarias de vapor de sodio (VAP) por tecnología LED, lo que permitirá mayor eficiencia energética, mejor reproducción cromática, reducción del consumo eléctrico y menores costos de operación y mantenimiento.
- Sostenibilidad financiera. La intervención no demandará recursos del Tesoro Público. Los costos asociados serán reconocidos mediante los mecanismos regulatorios vigentes, bajo supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
- Equidad y transparencia. Para el periodo 2026–2030, los proyectos serán sometidos a procesos competitivos de auditoría y validación de precios. Los cargos correspondientes se incorporarán como concepto especial de alumbrado público por seguridad ciudadana en los peajes de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión, distribuidos equitativamente entre los usuarios del área beneficiada. A partir de 2031, Osinergmin aprobará los costos eficientes en el Valor Agregado de Distribución (VAD), conforme al marco regulatorio vigente.
- Cumplimiento normativo. El Poder Ejecutivo adecuará el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas en un plazo máximo de 30 días calendario. La disposición será de aplicación obligatoria para todas las empresas distribuidoras del país.
Entre los principales impactos de la medida, el MINEM señala que, en el ámbito de infraestructura, la norma dinamiza la inversión en tecnología moderna y sostenible. En el plano social, contribuye a la prevención de delitos mediante una mayor visibilidad en espacios públicos, fortaleciendo la percepción de seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía.
Y, en el ámbito económico, finalmente, el impacto tarifario será mínimo y se verá compensado por los ahorros energéticos y la eficiencia operativa de los nuevos sistemas de iluminación.