El director de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ronald Ibarra, afirmó que la cartera tiene proyectado, para este año, iniciar consultas previas para dar luz verde a proyectos mineros por US$ 1,795 millones.
Así lo dio a conocer durante su exposición “Avances de la gestión social en minería” en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Sostuvo que, de la cifra total que involucran a 12 iniciativas, US$ 1,502 millones corresponden a inversiones en explotación, mientras que US$ 293 millones a exploración.
“La consulta previa es un derecho que le asiste a los pueblos originarios y en el Perú tenemos dos tipos de pueblos originarios: los amazónicos y los andinos. Ahí es donde se aplica e implementa la consulta previa. Esta se realiza cuando el Estado va a tomar una medida que afecte los derechos de las comunidades”, explicó el funcionario del Minem.
Entre los proyectos de explotación se encuentran Integración Coroccohuayco, Inmaculada, Magistral Fase I, Ollachea y UM Tambomayo. En tanto, en exploración están los proyectos Antilla, Hulñac Punta, Mariela, Quelcaya, Colquijirca, Atravesado y Tambomayo – Fase 3.
Aunque no especificó la situación de cada uno, de manera general, Ibarra indicó que 7 de ellos aún continúan en la segunda etapa de identificación de pueblos y sus posibles afectaciones, 4 en la fase preparatoria a la aprobación del plan de consulta y 1 en la etapa de diálogo intercultural.
“En el 2023, se obtuvo US$ 406,6 millones de inversión minero – energética como consecuencia de la finalización de 51 casos de consulta previa a nivel nacional”, finalizó Ibarra.
98 ESPACIOS DE DIÁLOGO
Asimismo, Ronald Ibarra, señaló que hay 98 espacios de diálogo que lidera el Gobierno para evitar conflictos mineros. Detalló que Cusco (16), Apurímac (11) y Pasco (11) son las regiones donde hay mayores espacios de diálogo de prevención. Hay espacios de diálogos en 18 departamentos.
El funcionario también indicó que de los 98 casos que se atienden, solo cinco están en un nivel alto de riesgo, es decir que pueden desencadenar en algún tipo de acción violenta. El resto de situaciones se encuentran en una etapa de riesgo medio (46) y bajo (47). «Al cierre de febrero de este año, nuestro país contó con 79 conflictos sociales, de los cuales el 43% son relacionados a la actividad minera”, agregó.
Respecto al actual conflicto en el Corredor Vial Sur en Apurímac y Cusco, Ibarra refirió que hay 30 espacios de diálogo entre mesas multisectoriales y espacios bilaterales. Entre los orígenes del conflicto se encuentran incumplimiento de compromisos por parte del Estado y empresas mineras, así como temas de afectaciones ambientales.
“En el Corredor tenemos ocho personas entre Apurímac y Cusco que tienen que estar viendo los puntos por distritos o por comunidades porque hay acuerdos bilaterales de las empresas no con el municipio, sino con comunidades o distritos”, finalizó.
