Especialistas del sector público, privado y académico analizaron los aspectos económicos y sociales de la minería artesanal, de pequeña escala (MAPE) y de la minería ilegal, destacando la urgencia de fortalecer una estrategia integral del Estado que combine formalización, control territorial, recuperación ambiental y desarrollo económico alternativo. La sesión se desarrolló en el marco de INDUMIN.
Actuó como moderador Mariano Castro Sánchez-Moreno, director de la Iniciativa Amazonía Resiliente y Justa de GRADE, y contó con la exposición central del general (R) Rodolfo García Esquerre, Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Además de un panel integrado por Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); Mayra Figueroa, directora de Sostenibilidad y Articulación Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM); y la abogada Angélica Remuzgo, especialista en temas mineros en sector público y privado.
Durante su exposición, García Esquerre explicó que el impacto económico de esta actividad ilícita es significativo. Según estimaciones recientes, el negocio ilegal del oro ha alcanzado dimensiones superiores a otras economías criminales.
“Es una economía ilegal que según el Instituto Peruano de Economía el año pasado ha movido alrededor de 40 000 millones de soles. Eso significa que esta economía ilegal es aproximadamente 10 veces más grande que la del tráfico ilícito de drogas”, señaló.
Asimismo, alertó sobre las graves consecuencias sociales y ambientales de esta actividad. “Se estima que hay 225 cuerpos de agua contaminados en nuestra Amazonía y es posible que hablemos de 200 000 hectáreas de bosques depredados solo por minería ilegal”, indicó.
Además, remarcó que esta actividad ilícita está vinculada con otras economías criminales. “Mueve demasiado dinero y ahí está vinculado otros delitos como la extorsión, el sicariato y la trata de personas”, agregó.
El alto comisionado explicó que el Estado viene implementando una estrategia nacional basada en tres ejes principales: formalización minera, erradicación de actividades ilegales e intervención para la recuperación ambiental.
“La erradicación o la interdicción de la minería ilegal es como el jarabe para bajar la fiebre. Es necesario, pero esa no es la medicina para la enfermedad”, explicó.
Importancia de la articulación institucional
Desde el sector privado, Ángela Grossheim destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las entidades del Estado para enfrentar este fenómeno.
“Lo importante es enfrentar ello con un abordaje integral, una mirada integral de la problemática con los mismos objetivos entre las diferentes entidades públicas involucradas”, señaló.
Asimismo, subrayó la necesidad de reforzar el presupuesto destinado a la formalización minera. “Requiere también un presupuesto adicional para todo lo que es la formalización minera. Es importantísimo trabajar de una manera adecuada en el proceso de formalización”, afirmó.
Pequeña minería, desarrollo económico y desafíos
Por su parte, Mayra Figueroa resaltó que “la pequeña minería y minería artesanal dinamiza nuestra economía local, dinamiza la región, pero cuando es llevada a cabo de manera responsable”, señaló.
También destacó la importancia de acompañar a los mineros en su proceso de formalización para impulsar un desarrollo sostenible.
La abogada Angélica Remuzgo destacó que uno de los principales retos del país es diferenciar claramente la pequeña minería de la minería ilegal y mejorar la trazabilidad de la cadena productiva.
Advirtió que el actual modelo de formalización presenta importantes debilidades regulatorias. “Este modelo de formalización que nos acompaña tiene ya muchas décadas y presentarlo a otros países va a hacer mostrar que este modelo no funciona”, señaló.