Mediante el Decreto Supremo Nº 009-2025-EM, el Gobierno aprobó el reglamento de la Ley N.º 32213, norma que establece la rectoría y la ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Originalmente, este proceso de formalización minera integral en la pequeña minería y minería artesanal se vencía en diciembre del 2024, pero consiguió una prórroga hasta el 30 de junio de este año. No obstante, tras la última decisión del Ejecutivo, el intervalo podría extenderse hasta diciembre.
Minería ilegal y criminalidad al acecho
La noticia alarma al país porque la minería ilegal —y todo lo que facilite su desarrollo— no deja de arrebatar vidas. Hace unas semanas, 13 trabajadores de Pataz fueron asesinados luego de permanecer cuatro días bajo secuestro.
La masacre ocurrió en medio de la desatención del Gobierno. Gustavo Adrianzén, expremier, evidenció el desinterés cuando aún ocupaba su cargo en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. (…) No tenemos noticias de que se haya producido el hecho. Patrullas del Ejército y de la PNP están coordinando con las comisarías locales, y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Pataz. Se ha recibido información extraoficial de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho”, dijo.
Ante una latente moción de censura por tales afirmaciones, el entonces líder de la PCM renunció a su puesto. Ahora lo ocupa Eduardo Arana.
Carlos Herrera, exministro de Energía y Minas, es tajante: “Los 13 muertos son los que han sacudido las conciencias”. Y, en ese sentido, detalla el movimiento del Gobierno con respecto al Reinfo y a su probable ampliación.
“Mi lectura es que el Gobierno no tiene problemas con el Reinfo. Lo que está haciendo es extenderlo hasta fines del Gobierno y le está dejando el bulto al siguiente”, examina.
Desde su perspectiva, el Gobierno se escuda en que debe obedecer al Congreso y cumplir con su labor de formular un sistema de información que, quizá, se extienda hasta el próximo año, según calcula.
“Está buscando proteger a los que usan el Reinfo para darles vida hasta mediados del próximo año, aproximadamente; o sea, hasta fines de este gobierno. Y está eludiendo el problema hasta ahora”, expone.
Miguel Incháustegui, también extitular de la cartera, se suma a las reflexiones sobre el tema.
“Se está dando 45 o 90 días para el tema de la autorización de la extinción y uso de explosivos. Lo más probable es que, para que las personas que tienen su registro de forma suspendida puedan mantenerse, el gobierno extienda el plazo hasta diciembre. […] El hecho de que se apruebe el reglamento en mayo parece indicar que se va a extender hasta diciembre”, reitera.
Es enfático al decir que el reglamento pudo haber sido más severo para que los más de 66,000 registrados en calidad de suspendidos ya no continúen.
“Siento que la mayoría de los suspendidos no quieren hacerlo (formalizarse), y lo más probable es que no lo hagan porque esa permisividad la usan para sus actividades ilegales”, analiza.
Ley Mape: ¿una iniciativa siempre tardía?
Al igual que Herrera, Incháustegui identifica “una lentitud del gobierno” como una estrategia.
“Yo creo que eso comenzó desde el año pasado, porque la ley Mape que se trabajó en el ministerio fue consensuada con varios actores y, en mi opinión, se presentó tardíamente al Congreso”, recuerda.
En esa línea, retrocede hacia finales del 2024 y menciona que Congreso solamente hablaba de la ampliación del Reinfo y no tanto de la ley Mape. ¿La razón? La premura ante el vencimiento del plazo que el Reinfo tenía hasta diciembre.
“El trabajo ahora va a ser muy grande para la dirección de formalización minera porque va a tener que manejar un montón de expedientes de todas las regiones. Eso también es producto de que la ley aprobada en el Congreso se movió un poco para rechazar la propuesta que había trabajado el Ministerio de Energía y Minas”, precisa.
Ya sobre la mesa, la ley Mape parece tardar porque “el Congreso, lamentablemente, se está tomando su tiempo para revisarla y aprobarla”.
El experto incluso trae a colación la cercanía de las elecciones 2026. “Estamos en una situación difícil porque ya entramos a una campaña electoral y lo más probable es que con este reglamento el Reinfo se extienda por un año más. Y se espera, así, que el nuevo gobierno con el nuevo Congreso tomen la decisión”, advierte.
Herrera también asegura que, como la ley Mape equivaldría al Reinfo, pero más preciso y más abundante, quizá el tiempo para que vea la luz sea mayor.
“Si se aprobase todo en julio del próximo año, por ejemplo, entraría una nueva ley con su nuevo sistema de información, y sale el Reinfo. Pero el que siga no necesariamente garantiza su efectividad. El Reinfo se va a a extender mientras el otro no esté vigente”, argumenta.
Reinfo será hereditario
Una de las principales sorpresas del reglamento es la opción de transferir el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por sucesión.
Con esta modificación, los derechos del minero inscrito pueden ser heredados en caso de fallecimiento, “siempre que la sucesión esté inscrita en los registros públicos”, se puede leer en el documento oficial.
Si existen varios herederos, el reglamento establece que deberán conformar una persona jurídica integrada solo por ellos, con el fin de identificar un único responsable de los impactos de la actividad minera y completar el proceso de formalización.
En este punto, Incháustegui hace una precisión: “Se hereda el registro que tienen los mineros artesanales, pero no necesariamente significa que el mismo registro es permanente. Lo que se hereda es la titularidad. […] Es algo que normalmente pasa con cualquier título de concesión”.
“Tal vez puede prestarse a malas interpretaciones en el sentido de que el Reinfo puede ser algo que va a permanecer en el tiempo independientemente de lo que suceda, cuando la idea es que se cumplan las condiciones para formalizarse y que el Reinfo no se mantenga en el tiempo, como suspendido”, agrega.
No obstante, un punto positivo para Incháustegui es el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) que se plantea en el reglamento. Esta figura tiene el objetivo de supervisar la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados.
Fuente: GESTIÓN