Autor: Guillermo Vidalon
Comunicador Social especialista en la Industria Extractiva
El asesinato de mineros en la provincia de Pataz debe llamarnos a reflexión desde los actores políticos, los gremios de trabajadores, empresariales, instituciones académicas, religiosas y todos aquellos que se quieren sumar a una cruzada por el restablecimiento de la ley y el orden, bases sobre las cuales se puede emprender con certeza la construcción de un país más justo, integrado y próspero.
Cuando el Perú derrota al terrorismo en las décadas del 80 y 90 del siglo XX, hubo una conjunción de factores, el principal fue el hartazgo, la indignación de un país que se veía a la deriva y que sabía que no había otro camino que restablecer la paz; por eso, aprobó la adopción de medidas excepcionales para hacer frente al fenómeno de la subversión.
Lo que hoy conocemos como prácticas extorsivas por parte de las organizaciones criminales, en la época de la violencia fue romantizado como “exacciones revolucionarias”, el asesinato fue denominado como “el costo social de la revolución”. En el fondo no eran más eufemismos que trastocaban los valores de los jóvenes, muchos de ellos universitarios, promesas de sus familias para lograr legítimamente condiciones de una vida mejor; pero, estos jóvenes defraudaron a sus familias porque sus mentes fueron envenenadas por una mentalidad criminal.
Lo que permitió la derrota de la subversión fue, como decíamos líneas arriba, el hartazgo social y, en adición, la reserva moral de quienes siempre tienen en mente que el bien vencerá al mal, que el pecado no logrará imponerse y que la convicción en un ser superior eleva a las personas y a la sociedad hacia un camino de ascenso moral con consecuencias económicas favorables para todos.
Si el gobierno no toma decisiones oportunas a la altura de las circunstancias, le corresponde a la reserva moral del país salir al frente y manifestar que esta situación no puede continuar, solo así las fuerzas del orden se sentirán respaldadas para actuar con la energía que se requiere. En hechos de conflicto pueden ocurrir excesos, es un riesgo, pero es preferible asumirlos a perder el país. En ningún lugar del mundo al liberador de rehenes se les condena, todo lo contrario, se les premia y reconoce, eso corresponde a la sociedad hacer con la Policía Nacional y las Fuerzas del Orden.
En la actualidad, la reserva moral de la sociedad tiene al frente una oportunidad histórica emanada del ciclo electoral del 2026, centrar el debate político en cómo derrotar a las bandas criminales convocando a todas las instituciones del estado y de la sociedad civil, la autonomía de algunas instituciones no puede ser óbice para abstenerse de participar. La violencia ya está tocando las puertas de la ciudadanía y no es aceptable fallarle al presente ni al futuro de las próximas generaciones.