La mina Cuajone está paralizada desde el 28 de febrero. El pasado 10 de ese mes, un grupo de pobladores de la comunidad campesina Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, que así se llama, en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto (Moquegua), iniciaron una acción de fuerza contra la minera Southern Perú, una de las principales productoras de cobre del país y que en la región administra el yacimiento Cuajone, uno de los más productivos asientos mineros del país.
El 20 de febrero, los comuneros bloquearon la vía férrea de la minera a la altura del túnel R2, imposibilitando que el mineral extraído de Cuajone sea trasladado a través del tren hacia el puerto de Ilo. Los manifestantes afirman que la compañía ha usurpado sus terrenos y exigen una contraprestación de US$5,000 millones, además del pago permanente del 5% de utilidades netas.
La empresa sostiene que los reclamos no tienen sustento. «Southern Perú rechaza tajantemente haber usurpado terrenos de la comunidad como alegan los manifestantes. Desde 1951, la compañía tiene derechos superficiales vigentes que son parte de sus concesiones mineras, así como derechos de servidumbre respecto de su infraestructura (línea de agua, reservorio, ferrocarril, líneas de transmisión eléctrica, carreteras, etc.», dijo la minera en un comunicado. «Todos estos derechos han sido otorgados y autorizados por el Estado peruano».
Días después, tomaron el reservorio de Viña Blanca, que abastece de agua al campamento de Cuajone. Los comuneros cerraron las válvulas que dotan de agua a la unidad minera, paralizando su producción desde el lunes 28 de febrero y poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y familiares que viven en el campamento minero. Al cerrar las válvulas, un hospital, viviendas y áreas comunes para aproximadamente 5,000 personas quedaron sin agua.
Fuentes internas en Southern han confirmado a este medio que el reservorio ya ha sido recuperado pero que tramos de la vía férrea han sido incendiados. Durante estos actos, se han registrado agresiones contra el comisario de Torata y demás miembros de la Policía Nacional del Perú. Southern ha acudido al Ministerio de Energía y Minas y a la Presidencia del Consejo de Ministros pero el problema aún no está resuelto, auqnue hace un llamado a las autoridades a fin de garantizar que se restablezca prontamente el orden público.
Los dirigentes, como el caso de Iván Mendoza, han solicitado a Southern que retire las denuncias penales para comenzar el diálogo. De no llegar a un acuerdo, los comuneros anunciaron que radicalizarán su medida de fuerza, incluyendo la toma de la garita de control, la concentradora, el hospital y Villa Botiflaca.
Fuente: EL COMERCIO.