El Gas Licuado de Petróleo (GLP) se ha consolidado como un factor decisivo en la lucha contra la pobreza energética en el Perú. En las últimas dos décadas, esta problemática se redujo en un 22%, según se destacó en la apertura del Foro Perú Energía Sur, realizado en Cusco. El evento reunió a especialistas del sector energético para analizar el crecimiento proyectado de la demanda energética en la macrorregión sur y la infraestructura necesaria para atenderla.
Durante el foro, los ponentes coincidieron en que el GLP ha permitido que millones de familias, especialmente en zonas vulnerables, accedan a una fuente energética moderna, segura y de bajo costo. Hoy, por tan solo S/ 175, es posible adquirir una cocina con balón, disponible de forma inmediata gracias a una fuerte red de distribución que cubre las 25 regiones del país. Actualmente, el 70 % de los hogares peruanos utiliza este combustible como fuente principal para cocinar.
La discusión también abordó su impacto en la economía productiva. Más de 250 mil pequeñas y medianas empresas de sectores estratégicos como pesca, agroindustria, industria avícola y textil, dependen del GLP para operar. Además, se destacó que el 20% del parque automotor, equivalente a 650 mil vehículos, de los cuales el 90% son usados por taxistas, usan GLP, ello gracias a su bajo costo de instalación y su gran autonomía ya que existen gasocentros en todas las regiones del Perú, siendo que a la fecha superan los 1600 establecimientos.
Cabe destacar que cerca del 70 % del volumen comercializado de GLP viene de Camisea, es decir, es de origen nacional, lo que fortalece la seguridad energética del país.
“El GLP ha sido un motor silencioso pero transformador para el país. En solo 20 años, hemos pasado de una cobertura limitada a lograr que siete de cada diez hogares usen esta fuente limpia y eficiente. Gracias a su disponibilidad, la pobreza energética se redujo de 47 % a 25 %, permitiendo a millones de peruanos vivir con mayor seguridad”, afirmó Jovan Pastor, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado.
No obstante, varios expertos advirtieron sobre los riesgos que representa la Ley 32315, que crea la Agencia de Inventario de Combustibles-AIC. Al impedir que los proyectos de almacenamiento que se financien en el marco de la AIC, con recursos del Sistema de Seguridad Energética-SISE, no trasladen los costos de inversión en la tarifa a cobrarse por el uso de las instalaciones de almacenamiento. Lo que estaría generando una distorsión en el mercado, ya que las tarifas cobradas por los almacenamientos administrados por los privados deben cobrar todos los costos asociados a la prestación del servicio. En ese sentido, se enfatizó la urgencia de que el Ministerio de Energía y Minas publique un reglamento que brinde estabilidad, fomente la participación del sector privado y garantice un sistema energético competitivo y sostenible.
A la par, se remarcó la necesidad de dar los incentivos correctos para que los agentes del mercado inviertan en crear más infraestructura de almacenamiento, de forma descentralizada en todo el país. En la actualidad, gran parte de esta infraestructura se concentra en la costa, lo que deja a muchas provincias en situación vulnerable frente a bloqueos, desastres naturales o eventos climáticos extremos. Incrementar la capacidad instalada en puntos estratégicos del sur resulta clave para asegurar la continuidad del suministro.
El foro reconoció además el impacto del programa Vale FISE, que hasta abril de 2025 había beneficiado a cerca de 1,3 millones de hogares. No obstante, en Cusco solo el 45 % de los 244 805 hogares vulnerables accede al citado subsidio, debido a factores que limitan el acceso como la falta de cocinas a GLP, pisos de tierra, bajo consumo eléctrico o la ausencia de redes de gas natural. Superar estas barreras es indispensable para lograr una inclusión más equitativa.
Con una proyección de crecimiento del 4 % anual en el consumo de GLP durante los próximos cinco años, los especialistas coincidieron en que fomentar la inversión privada en almacenamiento y distribución será determinante. Eliminar obstáculos regulatorios, mejorar la logística y reducir brechas sociales son pasos fundamentales para ampliar el acceso energético y acompañar el desarrollo económico de la región sur.